Urge una auditoría en el campo

El Gobierno nacional iniciô un nuevo registro de productores agropecuarios. Con la obvia misión de intentar mejorar la producción interna de alimentos, aunque paralelamente declaran que en Venezuela hay suficiente oferta de bienes y que la escasez se debe al contrabando de extracción.
No obstante todos los gremios agropecuarios, con antigüedad superior a los 15 años, informan que en nuestro país existe una fuerte caída en la generación de alimentos y de esta caída responsabilizan a las políticas oficiales, sobre todo por las centenares de miles de hectáreas expropiadas.
Y es que el tema de la tierra, su propiedad, distribución y uso, es algo difícil de ventilar sin tocar raíces afectivas profundas. Por un lado está la gente humilde que habita en condición menesterosa las zonas rurales y por otro quienes con esfuerzo, dedicación y perseverancia han hecho del suelo fuentes importantes de alimentos para toda la población.
Frente a este cuadro los gobiernos venezolanos, los de antes y el de ahora, han visto como respuesta fácil el trasladar la posesión de estas tierras de las manos de hacendados, empresarios o sencillamente de productores de mediana y gran escala, a manos de humildes campesinos. Es posible que con este mecanismo de reasignación legal de la posesión del suelo hayan podido satisfacer el atavismo telúrico dentro del cual hombre y tierra se confunden en una suma endémica, aunque los resultados económicos hayan sido totalmente catastróficos. Así tenemos que las pugnas territoriales en Venezuela hayan devenido en una profunda decepción social luego de la euforia política que le antecede al momento de la expropiación o confiscación.
Lo lamentable de estos procesos, recurrentes y bien intencionados, es que generan una espiral de pobreza terrible que hace metástasis a nivel de la cotidianidad de toda la población venezolana. Los campesinos supuestamente beneficiados con la asignación de tierras se mantienen en la pobreza, los anteriores poseedores de ser productores se convierten en personas empobrecidas y desmoralizadas, mientras que la sociedad global se ve privada de los productos alimenticios que antes se generaban en el campo.
Por ello, antes que elaborar un nuevo registro de productores, el Gobierno nacional está obligado a realizar una auditoría sobre el uso y la producción actual de las miles de hectáreas expropiadas y cotejar su rendimiento presente con el que tenían en manos de sus propietarios originales.
De igual manera debe hacer auditoria sobre el desempeño de Agropatria respecto a los niveles que tenia Agro Isleña, para así evaluar con números y estadísticas los resultados de las políticas socialistas que han mantenido durante quince años.
No se trata de satanizar ideas o proyectos, no se trata de colocar en un paredón político iniciativas que seguramente nacieron de motivaciones humanistas, se trata simple y llanamente de tomar el camino económico correcto para que los venezolanos tengamos los alimentos que necesitamos. Como diría Deng Xiaoping, no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones.