El espiral inflacionario que vive el país e incide en la oferta de todos los bienes y servicios, supone un panorama desalentador para quienes aún no tienen una residencia propia, que otorga independencia y realización.
Jóvenes y nuevas familias tienen pocas opciones cuando deciden independizarse y piensan en comprar una casa que cuente con los servicios necesarios y con un mínimo de seguridad. Sus precios, que han subido considerablemente en los últimos años, hacen inalcanzable su compra para aquellos con menos de tres salarios mínimos.
Algunos especialistas en la materia señalan que aquellos trabajadores que devengan hasta tres sueldos mínimos (poco más de 13 mil bolívares) tendrían que optar a una casa con un precio no mayor a 350 mil bolívares, inexistente entre la oferta de desarrollos urbanísticos privados, y que los desplaza como única opción a aquellos complejos desarrollados por el Estado a través del Gobierno nacional y de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, explicó que existe una oferta de ventas de casas que ha sido inferior a la de años pasados y que, en su mayoría, se trata de casas de segunda mano, con años de construcción.
La razón, explica Lau, se debe a que muchas personas deciden abandonar el país o cambiar sus residencias por una más pequeña, vendiendo la actual a precios registrados en el mercado y que sobrepasan los cinco millones de bolívares en casi todos los casos, dependiendo de características como las dimensiones, ubicación, entre otras.
Para poner en contexto, Lau señaló que hasta el 2007, el mercado inmobiliario venía registrando crecimientos que daban oportunidades a quienes quisieran una vivienda. Sin embargo, y debido a algunas disposiciones legales así como a la nacionalización de empresas que proporcionaban materia prima, desde ese entonces, la construcción de complejos habitacionales se ha convertido casi en una exclusividad del Gobierno nacional, y aquellos complejos urbanísticos privados que se realizan, se hacen comprando materia prima al mercado irregular.
Según Lau, en julio de 2007, se emitió una resolución donde quedaba prohibido el cobro de IPC (Índice de Precios al Consumidor) a los usuarios que decidieran comprar propiedades en complejos urbanísticos desarrollados por privados. Sin embargo, un año después, diferentes oficios emitidos desde varias cámaras, lograron que Sixto Farruco, ministro de Hábitat y Vivienda para ese entonces, aceptara dicho cobro debido a los índices de inflación que existían en aquel momento, con la condición de colocar tiempos determinados para la finalización de la obra.
Meses después, este despacho se integró al Ministerio de Infraestructura y quedó a cargo del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien eliminó de nuevo el cobro del IPC y «empezó una persecución contra aquellos promotores que estaban realizando los complejos urbanísticos…, fue allí cuando se dio la criminalización que ha traído como consecuencia la situación actual».
Según la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en Lara, el 2010 fue un «año de ataque infernal contra los constructores de viviendas. Ellos (Gobierno nacional) expropiaron los urbanismos que después, los mismos propietarios, han pedido que se devuelvan a los privados porque no los han terminado y, en algunos casos, han sido abandonados».
Materiales escasos
Uno de los elementos que complica la oferta de las viviendas en el país es la ausencia de materiales usados para la fabricación de estos complejos, en parte por la corrupción que existe en las empresas que han sido expropiadas y por el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), a la cual se destina la poca producción de dicho material.
En este sentido, Lau indicó que hasta 2007, cuando las fábricas de cemento estaban bajo la mano de la inversión privada, en Venezuela se produjo más de nueve millones de toneladas de cemento, sin embargo, al finalizar el año pasado, y después de algunos acuerdos que mejoraron la actividad cementera, se logró la producción de poco más de siete millones de toneladas. En todo caso, los números reflejan un déficit de dos millones de toneladas en dos periodos separados por cinco años de nacionalización.
Asimismo, en Sidor, la producción de cabillas y otros materiales metálicos va en descenso, y aquellos que salen de la fábrica son ofertados en «el mercado negro. La Cámara Inmobiliaria venía denunciando esto porque desde 2009 los promotores compran estos materiales al mercado negro».
Alquileres: opción descartada
Si bien los precios para aquellas casas nuevas o de segunda mano hacen difícil su acceso, el alquiler debería ser una opción para aquellos que, como expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen derecho a vivir en una casa digna. No obstante, disposiciones legales como la Ley de Arrendamiento ha promovido que quienes pueden alquilar una propiedad, no lo hagan o tomen ciertas previsiones antes de hacerlo.
El miedo a que su propiedad sea arrebatada o le obliguen a venderla bajo condiciones impuestas por un ente público, ha supuesto que los dueños de dichas propiedades oferten el alquiler de sus casas únicamente a ejecutivos o a empresas que necesitan ubicar un lugar de residencia a sus trabajadores foráneos, evitando el trato directo con el usuario.
Además, los propietarios exigen condiciones como ser soltero o no tener hijos, y evitarse apelaciones legales que podrían traer problemas en el futuro.
Pese a la crisis del sector, Shoymei Lau, consideró beneficioso que en los últimos dos años, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, se ha mantenido «en contacto con las cámaras de construcción y la inmobiliaria».
