Estados Unidos declinó pronunciarse el lunes si promoverá una candidatura alternativa a las aspiraciones venezolanas de ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero reiteró sus críticas sobre el respeto a los derechos humanos y a la democracia en la nación sudamericana.
La portavoz del Departamento de Estado Marie Harf dijo en conferencia de prensa que los grupos regionales de los estados miembros de la ONU «tienen la responsabilidad» de presentar como candidatos a países que apoyan los principios del organismo internacional, contribuyen al papel del Consejo de Seguridad para mantener la paz y seguridad internacional y defienden los derechos humanos.
Venezuela aseguró en julio el respaldo unánime de los gobiernos de América Latina y el Caribe para representar a la región con un asiento temporal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Harf indicó que «nuestras objeciones sobre derechos humanos y gobernabilidad democrática en Venezuela son bien conocidas, pero no somos miembros de ese grupo (regional) y esperaremos a ver qué pasa».
Al preguntarle si Estados Unidos intentará promover una alternativa a la candidatura venezolana, Harf respondió que «no divulgamos públicamente nuestras conversaciones diplomáticas privadas».
El Consejo de Seguridad está integrado por 15 estados miembros: cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), y otros 10 miembros temporales con estadía de dos años. Argentina cederá su puesto este año y Chile el próximo.
Es la primera vez que Washington se expresa públicamente sobre la candidatura venezolana al Consejo de Seguridad, y coincidieron con una notificación que el presidente Barack Obama envió el lunes al Congreso, notificando que Venezuela, además de Bolivia y Burma, han «fracasado de manera demostrable» durante los últimos 12 meses en sus esfuerzos por adherirse a sus compromisos internacionales antinarcóticos.
Los comentarios de Harf ocurrieron cuatro días después de que manifestara su preocupación por lo que considera garantías insuficientes con que las autoridades procesan penalmente a más de 1.700 personas acusadas en relación a las protestas que dejaron 43 muertos este año en Venezuela.
