Lo más insólito y disparatado que se pretende con el nombramiento de Elías Jaua como ministro de las Comunas, aunque no aparezca en el decreto del presidente Maduro, es el desconocimiento de las facultades constitucionales de las gobernaciones y alcaldías, eliminando el secreto del voto para controlar a los convocados a elegir algunos funcionarios de dichas comunas, mediante la amenaza de los comisarios políticos del PSUV que vigilarán a quienes levanten las manos o se nieguen a hacerlo, en asambleas reunidas para tales fines. Es decir, que funcionarios atemorizados por los defensores de la revolución para que voten sus propuestas, recibirán tanto o más dinero del Presupuesto Nacional que el porcentaje que la Constitución Nacional vigente asigna a los gobernadores y alcaldes electos a través del voto universal, directo y secreto.
Como si no existiera de una experiencia fracasada en la Unión Soviética. China y Cuba, para mencionar las más conocidas, el Presidente de la República insiste en imponer en nuestro país las Comunas como el centro de la vida en la sociedad, violando la Constitución Nacional Bolivariana y desafiando no sólo a los venezolanos que votaron en contra de dicha propuesta en el Referendo de 2007, sino también al mundo democrático a cuyas instituciones libertarias se ha unido, como el Tratado de Mercosur, que establece la libertad de empresa y el libre comercio.
Pero el problema no sólo es jurídico sino también político, eminentemente político, al crear una legislación al margen de la Carta Magna y luego admitir como existentes únicamente a los Consejos Comunales integrados por quienes apoyan al gobierno y se proclaman defensores del socialismo. Así como fracasaron en países gobernados por tiranos que cobraban la disidencia con el crimen y hasta el asesinato, Nicolás Maduro con un personal sin cultura política ni preparación para cambiar toda una forma de vida, en la que la mayoría, mal que bien han hecho de la propiedad privada su esperanza de mejorar la calidad de sus vidas y el bienestar de sus familias, fracasará más rápido.
Muchos chavistas serán los primeros en protestar si le imponen políticas contrarias a sus intereses, tal como sucede con algunos dirigentes sindicales que hacen huelgas a cada momento porque no les pagan sus salarios, ni sus prestaciones sociales, como en la «Guayana Socialista» de las empresas estatales quebradas, por la incapacidad y corrupción de los comisarios políticos impuestos desde Miraflores.
Sin embargo, es importante señalar que desde hace varios años vienen funcionando algunas comunas y sobre todo consejos comunales, atendidos la mayoría por alcaldes con vocación de servicio público, que desde antes de que la Asamblea Nacional aprobara las leyes comunales que les envió Chávez cuando ejercía la Presidencia, han venido discutiendo con las comunidades las prioridades para elaborar los presupuestos respectivos, que respondan a las necesidades de los sectores populares. Tales son los casos de los municipios Sucre, Chacao, Baruta e Iribarren, cuyos alcaldes, lo mismo que el gobernador del estado Lara, han hecho público las reuniones que celebran con los consejos comunales para discutir cada presupuesto, en el entendido de que ese dinero que ingresa a las alcaldías y gobernaciones, es para resolver los problemas de las comunidades y no pertenece a los alcaldes ni a los gobernadores, como el dinero que ingresa al fisco nacional no pertenece a Nicolás Maduro ni a sus ministros.
