Estados Unidos expresó este jueves su preocupación por la «falta» de garantías judiciales para opositores en Venezuela, entre ellos el dirigente Leopoldo López, detenidos en relación a las protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo.
«Estados Unidos está profundamente preocupado por la falta del debido proceso o de garantías de un juicio justo para personas detenidas en relación con las protestas en Venezuela», dijo en un comunicado Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado.
Harf resaltó los casos de López, los alcaldes opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos, y cerca de 70 manifestantes que «siguen encarcelados, algunos por más de siete meses y muchos sin cargos formales».
Leopoldo López, líder de un sector opositor que llama a manifestaciones callejeras para forzar un cambio de gobierno, sigue recluido desde febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas mientras enfrenta un juicio por incitar a la violencia durante las protestas que, según opositores, ha estado plagado de irregularidades.
«La juez en el juicio de López negó sus solicitudes de presentar evidencia en su defensa», dijo como ejemplo Harf.
La portavoz criticó también «los opacos procesos judiciales» que, según organizaciones no gubernamentales venezolanas, enfrentan más de 1.700 manifestantes detenidos y luego liberados bajo medidas cautelares.
Estos casos se enmarcan en las violentas protestas antigubernamentales contra la inseguridad y la crisis económica que entre febrero y mayo dejaron un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en varias ciudades del país.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores especiales de Naciones Unidas denunciaron el uso excesivo de la fuerza y prácticas ilegales contra opositores, «sus preocupaciones fueron desatendidas por el gobierno venezolano», dijo Harf.
«Denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes -algunas en instalaciones militares-, tortura y negativa a la asistencia legal continúan», subrayó la portavoz.
Estados Unidos recordó a Venezuela «su obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales» y llamó al gobierno venezolano a «otorgar protecciones legales y un juicio justo a los detenidos».
