Irregularidades en diversas áreas del Cuerpo de Policía del estado Lara fueron expresadas en el informe que emitió el Viceministerio del Sistema Integrado de Policia (Visipol), luego de las investigaciones iniciadas desde el pasado 26 de febrero cuando se llevó a cabo una entrevista con el director de Polilara, Luis Rodríguez, en cumplimiento con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía.
Una de las anomalías es que 305 efectivos policiales no se encuentran en operatividad en resguardo a la ciudadanía, sino que están de escoltas a diferentes directores de la gobernación y hasta a un diputado del Consejo Legislativo regional. Otros permanecen en el resguardo de la sede del Ejecutivo estadal, en la imprenta, mientras que el resto se encuentra en áreas administrativas, en el hospital y hasta de conductores en diversas dependencias.
En dicho informe se subraya la falta de unidades vehiculares (patrullas, motos, bicicletas, entre otros), ya que Polilara cuenta con un total de 1437 de las cuales 691 no están funcionando y algunas de las 746 operativas, no cuentan con el rotulado correspondiente como lo establece la ley.
Falta de armas
Más de cinco mil funcionarios se encuentran en el listado que compone el Cuerpo de Policía de Lara, por lo que cada uno debería tener su armamento de reglamento, sin embargo, sólo 1.996 armas de fuego están operativas, lo que representa un déficit de 3.363.
En el parque de armas de Polilara trabajan ocho uniformados de los cuales sólo uno cuenta con el permiso de la Dirección de Armamentos y Explosivos (DAEX).
Por otra parte se informa que 32 funcionarios policiales que abandonaron sus cargos permanecían en nómina al momento del encuentro con el comisionado Rodríguez, al igual que algunos que debían estar desincorporados por diversas razones.
Otros uniformados denunciaron que no se había hecho el proceso de homologación y reclasificación de rangos, en especial a funcionarios con entre 30 y 40 años de servicio.
Igualmente, algunos héroes de azul que se encontraban de reposo, reclamaron el pago del bono de alimentación el cual se les había suspendido.
La dotación de uniformes, según Visipol no se hace desde el año 2009 cuando se le entregó un uniforme a cada uno de los funcionarios.
Indica el documento que desde 2008 hasta la actualidad se han abierto un total de 476 expedientes. En la dirección general y en los Centros de Coordinación Policial (CCP) de Fundalara, Palavecino, Simón Planas y en el Norte, no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.
En el área de evidencias hay ausencia de cadenas de custodia, además constataron que gran cantidad de funcionarios entran al lugar cuando no es el deber ser.
Asimismo se menciona el hacinamiento, el cual desde Polilara se ha denunciado en varias oportunidades.
