En una marcha atrás de su promesa de que actuaría en torno a la reforma migratoria al final del verano, el presidente Barack Obama decidió demorar cualquier acción del poder ejecutivo hasta después de las elecciones legislativas de noviembre, informaron funcionarios de la Casa Blanca.
La medida hizo enfurecer de inmediato a los activistas por la inmigración, al tiempo que ofreció alivio a algunos demócratas vulnerables que enfrentan campañas apretadas para reelegirse al Senado.
Dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Obama llegó a la conclusión de que brincarse al Congreso por medio de acciones del poder ejecutivo politizaría el asunto y afectaría los intentos futuros por lograr una reforma amplia.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de no ser identificados con el fin de poder declarar sobre la decisión del presidente antes de que sea anunciada oficialmente, dijeron que el mandatario la tomó mientras regresaba a Washington de una cumbre de la OTAN en Gales.
Obama se comunicó telefónicamente con algunos aliados desde el avión presidencial y les informó su decisión, agregaron, e hizo más llamadas desde la Casa Blanca el sábado.
Dijeron que el presidente no tiene un calendario específico para actuar, pero que de todas formas tomará sus medidas ejecutivas antes de que concluya el año.
En un discurso en el Rosedal de la Casa Blanca el 30 de junio, Obama dijo que les había dado instrucciones al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson y al secretario de Justicia Eric Holder para que le dieran recomendaciones en torno a una medida del ejecutivo al respecto para fines del verano. El presidente también prometió que «aplicaría esas recomendaciones sin mayores demoras».
Obama enfrentaba presiones desde frentes distintos: de grupos activistas por los inmigrantes, los cuales exigían una acción rápida y de demócratas preocupados de que actuar en estos momentos fortalecería a opositores republicanos que compiten por el escaño de demócratas vulnerables en la cámara alta. Entre los que se considera corren más riesgo están los senadores Mark Pryor de Arkansas, Mary Landrieu de Luisiana y Kay Hagan de Carolina del Norte.
Los asesores de Obama no estaban convencidos de que una acción presidencial al respecto afectaría los comicios, pero los funcionarios dijeron que las discusiones en torno a cuándo sería el momento más oportuno se incrementaron en las últimas semanas.
A fin de cuentas, los asesores procuraron aprovechar una lección de 1994, cuando se consideró que las derrotas sufridas entonces por los demócratas se debían a votaciones en torno a una legislación para el control de armas, lo que socavó el interés en aprobar futuras iniciativas sobre las armas.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los asesores se percataron que, si las acciones que Obama tomase sobre la inmigración fuesen consideradas responsables por derrotas demócratas este año, ello podría minar cualquier intento para lograr una aprobación de una reforma migratoria amplia más adelante.
Los activistas por los derechos de los inmigrantes reaccionaron muy molestos el sábado.
«La promesa rota del presidente más reciente es otra bofetada al rostro de la comunidad latina y de los inmigrantes», dijo Cristina Jiménez, directora administrativa del grupo United We Dream (Soñamos Unidos). «Donde hemos exigido liderazgo y valor por parte de los demócratas y del presidente, sólo hemos recibido promesas rotas y falta de agallas políticas».
Mary Kay Henry y Rocío Saenz, presidenta y vicepresidenta ejecutiva, respectivamente, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, también expresaron su decepción.
«La decisión de la Casa Blanca de demorar la acción ejecutiva obliga a incontables familias a seguir esperando en las sombras del miedo», afirmaron en un comunicado conjunto.
Recientemente se produjo una agria disputa partidista sobre cómo enfrentar el creciente flujo de menores no acompañados provenientes de Centroamérica a través de la frontera de Estados Unidos con México. Los funcionarios dijeron que, cuando Obama hizo su promesa el 30 de junio, la Casa Blanca no había previsto que se produciría dicho desacuerdo.
Obama solicitó 3.700 millones de dólares para atender la crisis fronteriza. Sin embargo, la Cámara de Representantes controlada por los republicanos aprobó una medida que sólo le dio a Obama una fracción del dinero que pidió y facilitó deportar a los jóvenes inmigrantes que llegaban a la frontera, una cláusula a la que se opusieron los demócratas y activistas. A final de cuentas, el Congreso se fue de vacaciones sin emitir una determinación al respecto.
Durante una conferencia de prensa el viernes en Gales, Obama reiteró su determinación de actuar por su cuenta, pero no especificó fechas. También expresó objetivos ambiciosos para sus acciones ejecutivas.
El mandatario dijo que, a falta de una legislación del Congreso, tomaría medidas para incrementar la vigilancia en la frontera, mejoraría los procesos para agilizar los trámites de los que ya la cruzaron y alentaría la inmigración legal. Dijo también que le ofrecería a los inmigrantes que llevan cierto tiempo viviendo en Estados Unidos sin autorización, alguna forma para que se conviertan en residentes legales, paguen impuestos y una multa y aprendan inglés.
«Quiero ser muy claro: mi intención es, en ausencia de… acción por parte del Congreso, hacer lo que pueda dentro de las restricciones legales de mi puesto, porque es lo correcto para el país», afirmó.
