La vicepresidenta de Derechos Humanos de Copei, Liliana Martínez, afirmó que la defensa de los presos políticos es una bandera ciudadana que nunca debe ser olvidada porque son la esencia de la injusticia que atribuyó al actual gobierno.
Hizo especial hincapié en la situación de los funcionarios de la Policía Metropolitana condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002: Hector Rovaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Marco Hurtado y Luis Molina.
«Ellos fueron detenidos antes que los comisarios y están presos desde hace más de 11 años en la cárcel militar de Ramo Verde. Tienen vencidas tres medidas sustitutivas que les otorga la ley, que no han sido ejecutados sencillamente porque ningún juez se ha atrevido a hacerlo», declaró a El Impulso.
Lamentó que sus nombres han quedado en el olvido de la opinión pública mientras «estos muchachos son de familias de sectores humildes a quienes les cuesta incluso ir a las visitas».
Represión y desapariciones
Por otro lado, la representante de la tolda verde se refirió igualmente a la situación de los estudiantes privados de libertad a raíz de las protestas de febrero-junio.
Calificó como graves violaciones a los derechos humanos los maltratos y torturas con que han respondido los organismos de seguridad del Estado.
«Desde Copei hemos trabajado para que estos casos no pasen al olvido. Tenemos, por ejemplo, el de Angely Pernía, dirigente estudiantil de las juventudes de Copei, quien fue vilmente golpeada y torturada, al punto de que prácticamente tuvo desprendimiento de órganos internos. Ella está presa en Táchira, al igual que su papá, Angel Pernía, quien es un preso político de Vielma Mora», manifestó.
Así mismo, Martínez consideró que en torno al tema de los estudiantes también se han registrado hechos más contundentes contra derechos fundamentales como lo son las desapariciones forzadas.
«Yo me atrevo a decir que en Venezuela actualmente existe un número indeterminado de jóvenes que están desaparecidos, lo cual es un tema bien delicado porque en Venezuela pocas veces se habla de desapariciones. No están registrados en los tribunales, ni en centros de reclusión, ni en las morgues ni hospitales, y hay familias que los han reportado como desaparecidos. Estos muchachos participaron en algún momento en las protestas que se dieron desde el mes de febrero en el país», dijo.
