Salomón Centeno, economista y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, indicó que el anuncio hecho por el Gobierno nacional sobre la instalación del sistema biométrico en establecimientos de las redes públicas de alimentos y, en el caso de las fronteras, en privados, supone una respuesta al «contundente» rechazo que ha tenido esta medida en la población.
«El nivel de rechazo es tal que ha hecho circunscribir la medida a la red pública y privada de la frontera», explicó Centeno, sobre el anuncio de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el pasado domingo. Para el especialista, la medida es un acto improvisado del Gobierno nacional, que no devolverá los productos a los anaqueles. «Es un gasto innecesario. Viola el derecho del ciudadano a comprar los productos que necesita, contemplado en la Constitución».
Le preocupa que el Gobierno no resuelva el problema y sus causas, «atacando los factores que producen el desabastecimiento y el alto costos de la vida». Por el contrario, indica Centeno, insiste en tratar de mantener un sistema rígido a los productores de los bienes que abastecen el mercado nacional. La medida, explica el economista, es la consecuencia de «las confiscaciones, invasiones y erradicación de los productores de alimentos y los manufactureros. El Gobierno los acosa y persigue, y violenta la Constitución haciendo uso de la fuerza para que dejen de cumplir con lo que estaban haciendo». «Durante mucho tiempo no se notaba porque el Estado importaba todo lo que consumíamos, pero ahora no hay dólares para importar a consecuencia de la corrupción y las políticas económicas».
Un gobierno serio, reflexionó, rectificaría y diría que el modelo falló pero el Gobierno nacional continúa «estirando la arruga».
Indicó que en ningún país donde hay producción existe un sistema para controlar la compra de los usuarios. «Ni en los países asociados con Venezuela. Aquí la economía está al servicio de un partido y no de los ciudadanos”.
