Los niños y adolescentes en situación de calle están expuestos a violentos y complejos escenarios.

Maltratos, abusos, drogas, mendicidad, comercio informal, insalubridad, prostitución y explotación, son los principales factores de riesgo. Sin mencionar los altos índices de inseguridad que se registran en el país.

Ese lamentable modo de vida podría convertir a esos niños y adolescentes en futuros transgresores de la Ley. Todo un círculo vicioso.
Sin embargo, la profesora Mireya Vivas, directora del Servicio de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente (Saina-Lara), institución que atiende a jóvenes con alto riesgo social, subraya dos puntos vitales.

No se trata de victimarios, sino de víctimas.

Las Casas de Abrigo y Centros Socio Educativos que procuran la reinserción de estos inocentes en peligro no deberían existir. Lo que sí debería prevalecer son las familias, los padres, madres y representantes responsables y vigilantes de sus hijos. Ciudadanos, docentes y familiares atentos ante las situaciones de abusos que puedan desencadenarse en el entorno o núcleo familiar.

Denunciar, para no convertirse en cómplice de esas injusticias es fundamental.

Es un derecho de los niños y adolescentes ser criados, formados y vigilados por la familia. Los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna), así lo establecen. La Ley reza que los derechos son inviolables, irrenunciables, intransferibles, interdependientes, unos de los otros.

Ante la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes encontrados por factores de riesgo, por falta de una familia funcional, vigilante y garante de derecho, se procede a través de las medidas de protección, explicó Vivas.

Destacó que los artículos 358 y 359 de la Lopnna señalan que la responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho de ambos padres, de amar, criar, formar, educar y orientar a sus hijos. Ante el incumplimiento de esa responsabilidad de crianza el padre y la madre deberán responder civil, administrativa y penalmente.

Crisis moral

En Lara tenemos una situación sumamente grave, expuso Vivas.

El 80% de la población está compuesta por gente joven. Un importante segmento se enfrenta a los diferentes factores de riesgo por falta de una familia funcional.

En consecuencia, los niños y adolescentes en situación de calle se convierten en un peligro para la sociedad por el riesgo que representan las bandas infanto-juveniles, apuntó la directora.

Por otra parte, resaltó que no deberían existir jóvenes en ninguna entidad de atención porque su derecho es ser criados y atendidos por la familia, jamás en una Casa de Abrigo. Sin embargo, el Estado como corresponsable, dispone de esas entidades para poder abordar a esos niños y adolescentes en riesgo social.

“La crisis en el estado Lara es una crisis moral. Lamentablemente, en nuestro estado repunta la violencia infanto-juvenil. Eso no es un secreto de Estado. Niños y adolescentes son más víctimas que victimarios. Son víctimas de una falta de orientación”.

Insuficientes

Se conoció que las Casas de Abrigo no son suficientes para la alta demanda.

Si bien, no hay estadísticas específicas de la reinserción social de estos niños y adolescentes, el Saina abordará los núcleos familiares de los jóvenes que han ingresado en los centros socioeducativos para conocer cuántos casos han sido atendidos y por qué motivos.
Una de las preocupaciones del instituto son las medidas cautelares.

“Nos preocupa que cada día aumentan las medidas cautelares otorgadas por los tribunales para evitar privarlos de libertad, sanción establecida en el artículo 582 de la Lopnna. Quiere decir que en la calle tenemos un gran número de niños y adolescentes con medidas cautelares”.

La profesora considera que esa situación se está escapando de las manos porque son muchachos con medidas de protección a las cuales no se les hace seguimiento.

Por esa razón, el Saina establece alianzas con diferentes iglesias y organizaciones larenses, a fin de activar en la comunidades programas preventivos, culturales deportivos y ambientales.

Datos

Actualmente, en el Centro Socio Educativo Pablo Herrera Campins, situado en El Manzano, se encuentran 300 jóvenes. Cifra que varía todos los días. Cinco salen en libertad e ingresan veinte. No es proporcional, dijo Vivas.

Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes, artículo 5 de la Lopnna.

La especialista acotó que los niños y adolescentes son el presente y futuro, si no nos dedicamos a orientarlos, el presente y futuro del país está en riesgo porque tenemos a nuestros jóvenes al borde de un precipicio. Rescatarlos es tarea de todos.

Lorena Quintanilla Muño

Factores de riesgo

1.- Adicciones, de sustancias lícitas e ilícitas.
2.- Embarazo precoz, estadísticamente, somos el estado número uno en embarazos en adolescentes.
3.- Violencia, estadísticamente, la entidad está en el puesto número dos por hechos violentos. Muchachos inmersos en la delincuencia infanto-juvenil.
4.- Ocio
5.- Jóvenes en situación de calle, aunque haya familia está ausente y el joven está con grupos equivocados y en sitios equivocados, poniendo en riesgo su vida.
6.- Prostitución
7.- Pornografía, bombardeo a diario a través de los medios audiovisuales e impresos.
8.- Géneros musicales con contenido violento y sexual.
Delitos comunes cometidos por los jóvenes en los Centros Socio Educativos del estado Lara:
-Tráfico de drogas
-Robo y hurto
-Homicidios
La Ley establece sanciones civiles, administrativas y penales.
LQM