Desde el pasado 12 de agosto, fecha en que se implementó la medida de restricciones horarias de la frontera colombo-venezolana, hasta este miércoles 27, el Ministerio Público ha logrado medidas privativas de libertad para 133 personas de 183 detenidos por presuntamente incurrir en delitos de contrabando de productos de la cesta básica, combustible y material estratégico.
Así lo dio a conocer la directora general contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil Trías, en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, en el que explicó que del resto de esas detenciones ocurridas en Apure, Táchira y Zulia, se dictaron 42 medidas cautelares, se otorgó libertad plena a una persona y faltan siete por presentar ante los respectivos tribunales de control.
Adicionalmente, informó que a tempranas horas de este jueves 28 de agosto se logró la aprehensión de 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, quienes habrían habilitado una trocha, destruida recientemente, la cual estaría destinada al paso ilegal de vehículos hacia Colombia.
En ese sentido, Gil Trías explicó que este tipo de acciones responden a la lucha emprendida por el Estado venezolano y el Ministerio Público con el propósito de atacar el contrabando, flagelo que va en detrimento de la seguridad alimentaria y económica de todos los ciudadanos.
Es por ello que en un trabajo conjunto con la Coordinación de Delitos Fronterizos de la institución, se supervisan las actuaciones de los 44 fiscales nacionales y regionales que fueron comisionados para investigar estos casos.
Indicó que como parte de las articulaciones establecidas para atacar este delito, se sostuvo dos reuniones en Táchira, una de ellas con el gobernador, José Vielma Mora; el viceministro de Petroquímica, Asdrúbal Chávez; y funcionarios del Poder Popular de Petróleo y Minería, en la que surgieron propuestas a fin de combatir de forma oportuna la comisión del delito, así como estrategias para brindar atención a las personas que se ven afectadas por la extracción de productos de la cesta básica, entre otros.
En el segundo encuentro participaron representantes de las instituciones involucradas, en la cual acordaron dar respuesta inmediata ante los pedimentos que hagan los fiscales con el objeto de darle celeridad a las investigaciones.
Asimismo, informó que además de solicitar la medida privativa de libertad para aquellos que incurran en los delitos, el Ministerio Público ha requerido a los tribunales de control que se apliquen medidas asegurativas, las cuales contemplan la incautación de bienes utilizados para el contrabando, la inmovilización de cuentas bancarias y bloqueo temporal del chip para la obtención del combustible.
Es importante destacar que se tiene previsto ampliar la cantidad de fiscales comisionados, para dar respuesta oportuna en otros estados donde se detecten actividades delictivas.
