El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, se desentendió de las acciones individuales cometidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra los derechos humanos de manifestantes.
En su opinión, el Estado no está comprometido en estas situaciones, pues, aseguró, desde el gobierno no se promueven.
“Ningún funcionario hoy está autorizado ni recibe órdenes de violar los derechos a nadie”, manifestó este miércoles en el marco del Encuentro Regional sobre el Desarrollo de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana con Perspectivas de Derechos Humanos que se desarrolla en Caracas.
«Nos desmarcamos de cualquier hecho o acción que haga un funcionario contra los Derechos Humanos en cualquier ciudad», agregó en presencia de las representantes de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Como respuesta, Rodríguez Torres apeló a la responsabilidad penal individual. En este sentido, aseguró que si un funcionario incurre en exceso, éste debe ser procesado, y fustigó a quienes han acusado al Gobierno de violar los derechos humanos.
“Si alguno de los funcionarios incurre en maltratos, debe ser detenido. El que tenga que ir preso que vaya preso, pero que no se convierta eso en una tribuna mediática. Hay que denunciar”, recalcó.
«Nosotros levantamos la guarimba luego de tres meses de conspiración y resurrección en la calle por una derecha extrema que quiere alcanzar el poder por la vía violenta, siempre respetando al máximo los derechos humanos», afirmó el ministro y exdirector de la antigua Disip.
Las declaraciones ocurren un día después de que el estudiante Gerardo Carrera fuera trasladado de urgencia al Palacio de Justicia de Caracas, con el fin de notificarle sobre la apertura de una investigación en torno a las denuncias de tortura formuladas horas antes por su padre.
Carrera habría sido torturado por funcionarios del Sebin la noche del pasado jueves, mientras permanece privado de libertad en esa sede policial por causa de su participación en un movimiento juvenil de resistencia.
De acuerdo con el padre de Carrero, Gerardo Carrero, el estudiante fue amarrado y obligado a permanecer parado sobre un ladrillo durante doce horas, mientras el director de investigaciones del Sebin, Carlos Calderón, «partía tablas de madera contra su cuerpo».
Tras formular la denuncia ante el Ministerio Público, esta institución comisionó a un fiscal para investigar.
Garantía de DDHH
Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, avaló la posición asumida por el representante del Ejecutivo al afirmar que en los últimos 15 años «se han alcanzado grandes avances en materia de respeto de los derechos humanos».
