La idea del presidente Nicolás Maduro de supervisar compras de productos básicos en Venezuela a través de captahuellas desató una ola de interrogantes sobre un plan que debería estar operativo en tres meses.
Las dudas van desde si el programa será obligatorio o voluntario –esta ultima posibilidad fue introducida por Maduro en un discurso posterior al anuncio de la implementación del proyecto– hasta cómo se controlaran las compras a menores y extranjeros y cuáles serán los productos vigilados y en que límites.
El plan, tildado por la oposición de «tarjeta de racionamiento cubana», fue anunciado en un marco de inflación superior al 60% interanual y aguda escasez de productos básicos originada por la contracción de importaciones y el contrabando hacia Colombia, donde los precios pueden ser 10 veces superiores.
Obligatorio, pero voluntario
«El captahuellas es un sistema liberador…y el compañero Andrés Eloy (Méndez, superintendente de Precios Justos, a cargo del programa) le dijo a los empresarios de automercados privados que es voluntario», dijo Maduro el martes.
La semana previa el presidente socialista, al anunciar su idea, explicó que ya había ordenado la aplicación de un «sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales».
Millones de venezolanos que diariamente batallan para conseguir aceite, leche o desodorante, respiraron aliviados al escuchar «voluntario» y pensaron que se liberarían de un trámite adicional en las interminables filas de espera en los supermercados.
Para el líder opositor Henrique Capriles, el cambio fue un signo de flaqueza. «Me dicen que Nicolás (Maduro) reculó y ahora la ‘papahuella’ (captahuella) será voluntaria, que nadie acepte esa violación a derechos constitucionales!», escribió en su cuenta de Twitter.
«Tenemos un poco de inquietud por saber si el carácter voluntario va a ser para los comercios o también para los consumidores», acotó Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Supermercados.
Los adolescentes…felices
Otro interrogante reside en qué base de huellas dactilares será utilizada, si la del sistema que alimenta la expedición de cédulas de identidad o la del Consejo Nacional Electoral (CNE), ambas incompletas.
Méndez se inclinó por la del CNE en la cual, por definición, faltan niños, adolescentes y un par de millones de extranjeros, legales o indocumentados.
Sobre los menores de edad la respuesta oficial cuando menos sorprendió: a un adolescente «lo mandas al abasto (pequeña tienda) no al supermercado», dijo Mendez sin terminar de despejar la duda.
Pero como el sistema también abarcará farmacias, Capriles –que hizo de los captahuellas su caballito de batalla esta semana– retrucó: «¿Cómo van a hacer las abuelas que mandan a sus nietos a comprarle las medicinas porque no se pueden mover?».
De una forma u otra seguro que muchos jóvenes festejan la iniciativa: ya tienen la excusa perfecta para liberarse de los molestos mandados que les encargan padres, tíos o abuelos.
Y sobre los extranjeros el superintendente de Precios Justos afirmó que «se va a aceptar pasaporte». No aclaró sin embargo como interpretará el sistema la ausencia de la huella dactilar en la base de datos.
En un país conocido por sus vericuetos burocráticos que parecieran calcados de escritos del checo Franz Kafka, el diputado oficialista Henry Ramírez, del estado fronterizo de Zulia, propuso entregar a extranjeros un chip valido por el tiempo de su visita.
La duda es si el chip se entregará a tiempo y si ese sistema obligaría a que los empresarios, que deberán pagar los captahuellas, deberían instalar otro aparato de control adicional.
La capacidad de comprar para cientos de miles de colombianos ilegales, que viven entre empleadores abusivos y el riesgo de deportación, quedó en el limbo.
¿Qué, cuánto, cómo, cuándo?
«El sistema va a generar una alerta cuando se hagan compras exhorbitantes que salgan del estándar de la familia venezolana. Ese consumidor va a ser bloqueado por el sistema hasta que demuestres qué otra actividad lícita tienes como para utilizar esa harina», dijo Méndez.
Nada se explicó sobre los diferentes tamaños de familia (con dos u ocho hijos) o si un padre organiza la comida de casamiento de su hija, o si es un error informático o cuánto demorará el desbloqueo para no condenar a la víctima a comprar sus alimentos básicos en un mercado negro al cual este sistema busca eliminar.
