A tres años de fundado el Ministerio Penitenciario persisten los problemas de hacinamiento, retardo procesal y violación de derechos humanos de los privados de libertad, advirtió este martes el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
En el marco de la presentación del informe semestral, que abarca el período enero-junio de 2014, el activista indicó que el índice de hacinamiento actual ronda el 190%.
«La población reclusa de hoy se ubica en 55.007 individuos, y la capacidad instalada de los establecimientos del sistema es de 19.000. Quiere decir que hay un excedente de 36.007 personas que viven en condiciones de hacinamiento crítico», manifestó.
La realidad observada por la organización de derechos humanos socava la verdad oficial que transmite el despacho dirigido por Iris Varela, quien insiste en que la infraestructura nacional aumentó a 72 establecimientos carcelarios. Prado sostuvo que esto no es enteramente cierto.
«¿Están incrementando el número de penales simplemente agregando núcleos a los que ya existen? No sabemos porque no dan información. Pero lo cierto es que en el país sólo hay 47 centros de reclusión y 4 colonias agrícolas, según hemos verificado», sentenció el director del OVP.
El segundo factor que determina las condiciones de los privados de libertad, relacionado con el anterior, es el retardo procesal persistente. En este sentido, para el primer semestre del año el panorama no es nada optimista: de los 55 mil reclusos, apenas 17 mil purgan sentencia, y la gran mayoría de 35 mil 512 esperan que un juez dictamine su culpabilidad o inocencia.
Por otro lado, en términos de violencia, el Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó un total de 150 privados de libertad asesinados y 110 heridos entre enero y junio de 2014. Esto representa una relativa disminución en relación con las cifras totales registradas en años anteriores, cuyo tope alcanzado en 2012 señala que 591 reclusos perdieron la vida ese año, y otros 506 en 2013.
La observación de las acondiciones señaladas dio pie a Prado para afirmar: «Con tres años de funcionamiento el Ministerio de Servicios Penitenciarios no ha podido resolver tres problemas puntuales», expresó.
El saldo de violencia por omisión que atribuye al despacho de Varela es de 1.463 muertos, desde julio de 2011. El del gobierno bolivariano es de 6.313.
Violencia sexual en Uribana
En relación con la denuncia formulada por un grupo de familiares, quienes sostienen que algunas internas del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, habrían sido abusadas sexualmente de manera continuada por funcionarios recluidos, el director del OVP calificó la situación como extremadamente grave.
«De ser cierto, estaríamos hablando de trata de blancas y crímenes graves contra la dignidad humana, cometidos por el Estado venezolano».
Recalcó que la respuesta de las autoridades no puede ser otra que investigar, y «no silenciar el tema ordenando el traslado de las afectadas a otros centros de reclusión».
El retén cuenta con una medida cautelar de protección dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado garantizar las condiciones de los privados de libertad de Uribana. El Observatorio ya puso al tanto de la denuncia al órgano regional, «para que tome las medidas a que dé lugar».
«Ni en la peor cárcel de Haití»
88 reos se fugaron de sus sitios de reclusión durante el primer semestre de 2014. El estudio indica que los centros de detención policial son los más propicios para esta práctica, con 39 evasiones, que se suman a las 34 fugas de centros penitenciarios.
De los 88, sólo 9 reclusos cumplían régimen abierto y otros 6 lo hicieron mientras se encontraban en hospitales.
A propósito de la permanencia de procesados en las sedes policiales, Humberto Prado alertó sobre la creciente tendencia a condiciones extremas que deshumanizan al individuo y violan sus derechos procesales y constitucionales.
Según el Ministerio Público, 13.765 internos permanecen de manera preventiva en las celdas de los distintas comisarías del país, donde 7 de ellos perdieron la vida este año y 20 fueron heridos.
Amenazas en Uribana
Como absolutamente inconstitucional y violatorio de las libertades humanas al libre pensamiento calificó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, la imposición del orden cerrado dentro del Régimen Penitenciario que impulsa el Ejecutivo nacional en las cárceles.
Señaló que en lugar de un método de disciplina, se trata de una forma de adoctrinamiento político, al obligar a los reos a gritar consignas como «Chávez vive la patria sigue».
«La organización del régimen penitenciario está condicionado por los derechos de los reclusos, la Constitución y la Ley, pero esta situación es tan grave que la población reclusa no está obligada a cumplir con esas instrucciones»,
Precisamente por negarse a cumplir el orden cerrado, internos del Módulo 8 de la cárcel de Uribana estarían siendo presionados por autoridades del penal.
«Se han venido resistiendo y, en respuesta, no los sacan para nada y son amenazados con enviarlos al retén de El Dorado», denunció.
De acuerdo con Prado, los reclusos pueden exigir que respeten sus derechos y para ello acudiendo a los jueces de ejecución, de conformidad con el artículo 2 del Código Orgánico Penitenciario aún vigente.
El dato
Siete reos fallecieron por causa del VIH-Sida entre enero y junio de 2014, muertes que se son contabilizadas como naturales en la estadística oficial.
«Resulta insólito que a estas alturas del siglo XXI todavía la gente muera de sida. Son muertes provocadas por el Estado, porque si les brindaran a los reclusos el tratamiento que necesitan, no ocurrían», destacó Prado.
