Manuel Virgüez, representante de la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), sostiene que los casos de tortura cometidos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y recientemente contra el estudiante tachirense Gerardo Carrero, no son más que una violación a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Gaceta Oficial Nº. 40.212, de fecha 22 de julio de 2013.
“Funpaz, como organización de Derechos Humanos, condena cualquier tipo de tortura en contra de los jóvenes que se encuentran privados de libertad, en fase preliminar, en calidad de depósito judicial o de juicio”.
Virgüez recordó que el artículo 17 de la ley citada anteriormente establece que “el funcionario público que en funciones inherentes a su cargo lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de quince a veinticinco años de prisión, además de la inhabilitación para el ejercicio de la función pública”.
Dijo que las denuncias por los hechos del 15 y 16 de abril y más recientemente, los acaecidos entre febrero y agosto, siguen sin respuestas.
“Esos “amenos” encuentros con la Defensoría del Pueblo y el fiscal N° 21 siguen sin resultados… si no hay acción es porque sencillamente las investigaciones están paralizadas”, apuntó.
