La disputa en La Pastoreña no se acaba. Pese a los acuerdos que han suscrito en la Defensoría del Pueblo, los ocupantes del terreno dieron la “última tregua” al fiscal superior del Ministerio Público, William Guerrero.
Habitantes de Yacural exigen justicia por los dos jóvenes caídos en el último enfrentamiento entre vecinos de La Pastoreña y familias que custodian el terreno adyacente.
A cinco semanas del suceso, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN), conformada por cinco diputados: Isabel Lameda, Alexander Torrealba y Julio Chávez, por el PSUV y Edgar Zambrano y Guillermo Palacios por la MUD, efectuó una sesión de trabajo para retomar las discusiones sobre el terreno en vilo.
La titular de la Defensoría del Pueblo, Elba Yris Rodil participó en el encuentro junto al comandante de la Policía del estado Lara, Luis Rodríguez; el general Rafael Quero Silva, del Destacamento 47 y el general Corrado Zamora Santeliz, recién nombrado comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI).
La reunión que se prolongó por más de tres horas, fue a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los habitantes de Yacural que se apostaron fuera de la Defensoría del Pueblo local, con pancartas y consignas.
“Con estas comparecencias, cerramos el ciclo de trabajo de la Comisión Especial”, anunció Zambrano al término de la junta.
Adelantó que culminarán el informe del caso y lo presentarán al Poder Legislativo.
“La directiva de la Asamblea Nacional decidirá lo conducente sobre las recomendaciones del informe que consignaremos ante la plenaria”.
El legislador aclaró que la AN no tiene la última palabra sobre los terrenos de La Pastoreña. De no producirse un acuerdo entre las partes, el caso irá a tribunales.
Los diputados ya suscribieron reuniones con habitantes de La Pastoreña, ocupantes y el consultor jurídico de Inversiones Martinica, propietaria del lote en riesgo.
“La AN no tiene competencia en casos jurisdiccionales”, agregó Lameda.
Además, señaló que planifican otra sesión con el general Octavio Chacón, quien para el día del enfrentamiento era jefe del Comando Regional Nº 4.
También esperan convocar a la Policía Nacional Bolivariana, pues también intervino en los sucesos.
Se agota la espera
Por otra parte, Claudia Restrepo y Robert Romero, habitantes de Yacural y ocupantes del terreno, declararon que la “comunidad sigue enfurecida por la impunidad de los asesinatos de Leomar Torres y un adolescente”.
En aquel enfrentamiento que tuvo lugar el 16 de julio, también se registraron tres heridos por armas de fuego.
“No hemos visto resultados en las investigaciones de los hechos, por eso le damos la última tregua al fiscal superior William Guerrero”, dijeron al revelar que retomarán la protesta para exigir justicia.
Indicaron que las autoridades no han actuado “porque hay un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana implicado”.
Asimismo, quienes motorizan la ocupación ilegal del terreno, dijeron que poseen la cualidad jurídica de esa propiedad y “no acatarán la orden de desalojo”. “El terreno nos pertenece”, afirmaron.
