“Alfredo Ramos, a través del Síndico y de la oficina de Catastro, así como los concejales municipales, autorizaron la construcción del Manto de María otorgando una carta catastral de forma irregular”, indicó Julio La Cruz, dirigente del movimiento Frente Lara Activa, en una rueda de prensa ofrecida la mañana de ayer en las instalaciones de un hotel del centro de Barquisimeto.
Acompañado de dos representantes de la familia Mujica Alvarado (quienes dicen ser dueños de las tierras), del abogado que los representa y de la vocera del consejo comunal más cercano al lugar, Julio La Cruz explicó que el alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, a través del síndico y de la oficina de Catastro, autorizaron la concesión de una cédula catastral a la Gobernación del estado Lara para que ejecutara la obra Manto de María, y donde ya está edificada la manga Juan Canelón, sin la tradición de tierra correspondiente, la cual habría sido revisada por los concejales de la actual administración. En este sentido, dicha autorización por parte del Ejecutivo y Legislativo municipal, supuso la violación de los derechos de quienes se consideran los verdaderos dueños, y quienes alegan tener la tradición de tierra completa, inclusive desde el año 1839.
“Le preguntamos al Gobierno nacional en qué se basó para otorgar el dinero para la realización de esta obra”, dijo La Cruz, “no estamos en contra de la religiosidad pero es un acto ilegal el uso de estas tierras”. Además, el dirigente de Lara Activa, indicó que no existe un informe del Colegio de Ingenieros, ni un aval por parte de una casa de estudio, con autorización del gremio de profesionales, que advierta sobre el riesgo sísmico que acarrearía la construcción de dicha obra en unas tierras por donde se halla la falla de Boconó, “cuál es la condición legal y técnica en la que se basan para realizar esta obra”, se preguntó.
En todo caso, emplazó a la autoridad regional, el gobernador Henri Falcón, así como a las autoridades municipales, a que “muestren las pruebas que soportan la cédula catastral del terreno”, y advirtió que la familia Mujica Alvarado emprendió una disputa por dicha propiedad desde hace años, inclusive antes de que se desarrollara el complejo turístico donde se edificó una manga de toros coleados, caballerizas y un restaurante. De igual forma, recordó las deudas y los problemas que, a su juicio, “padecen los larenses”, recordando la cantidad de dinero que se destinó para la obra religiosa. “Existen otras necesidades en la región en las cuales se ha podido invertir ese dinero, como el sueldo de los maestros larenses, y la situación de inseguridad, dotar a los policías y dotar los centros asistenciales…”, continuó La Cruz, “¿por qué Falcón no llevó los presupuestos de lo que se debe al Consejo Federal de Gobierno?”, se preguntó.
Sospecha de autoridades
Asimismo, La Cruz indicó que existen funcionarios municipales que podrían estar beneficiándose de las decisiones que autorizan la construcción de la obra religiosa en el lugar, “sólo me pregunto, ¿qué relación tiene la concejal Milagros Gomez de Blavia con la urbanizadora y el director de la alcaldía (José Ignacio Guédez) con la inmobiliaria que desarrollará la obra?», cuestionó. Sobre los estudios técnicos, explicó que Funvisis, encargada de estudios sísmicos, está en periodo de vacaciones.
Ley entra por casa
Por su parte, Leonardo Medina, asesor jurídico de la familia Mujica Alvarado, explicó que dichas tierras son propiedad de la familia que representa desde que, en 1920 a 1924, sus antecesores heredaron la propiedad y en 1924 la tierra en cuestión fue comprada por Francisco Javier Mujica. “Ellos son los verdaderos dueños”, dijo el abogado, ya que existen otras personas en disputa del lugar, “pero sin tanta rigurosidad como nuestros soportes”.
En este sentido, el abogado indicó que solicitan aclarar la situación y, de realizar la obra, se respeten las figuras de venta o expropiación, “la ley entra por casa”, expresó, sobre la actuación del Estado en dicha querella. Además, se conoció que, al ser una tierra considerada con pasado indígena (Gayón), existe un resguardo por parte de la comuna Gayones, y que está bajo el resguardo del consejo comunal de la zona.
