La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el carácter «constitucional de la Ley Orgánica de Precios Justos, al declarar que la misma es el instrumento de «la lucha contra el contrabando» que desarrolla el Estado venezolano.
De esta manera, el máximo árbitro desestimó un amparo intentado por un consumidor contra el instrumento legal y el superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, por la violación de derechos económicos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
En respuesta, bajo la ponencia de la presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, la Sala blindó las acciones del gobierno en materia económica, al declarar lo siguiente: “Los derechos relativos a las libertades económicas se encuentran sujetos (…) a una serie de limitaciones para su adecuado ejercicio”, las cuales vienen “determinadas por la Constitución y las leyes”, las cuales sancionan severamente el contrabando y otros delitos que atentan contra la economía nacional», señaló la sentencia.
Además, establece que la LOPJ detenta “el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía” para lograr “la armonización de los derechos económicos contemplados en los artículos 112 y 117 de la Carta Magna, en salvaguarda del acceso de las personas a los bienes y servicios en condiciones justas, para la satisfacción de las necesidades”.
