La Comisión de Comunicación Conjunto Residencial La Pastoreña emitió un escrito cuyo contenido expone el rechazo a las acciones de amenaza por parte de unas 300 personas de las cuales fueron víctimas familias de la urbanización La Pastoreña, la noche de este lunes.
Acusa el escrito “…el acoso y la intimidación por parte de los ocupantes ilegales agrupados en el Colectivo Yacure, quienes rompiendo su propia palabra y acuerdo de no invadir el terrero de la urbanización, se apostaron allí, desplazando incluso a los funcionarios de la Policía de Lara que resguardaban el orden y la seguridad de las 256 familias que hacen vida en los edificios”.
Precisa el documento que esta nueva ocupación se produjo pasadas las 6:00 de la tarde en medio de una gran concentración de personas, quienes aupaban a menores de edad en contra de su voluntad para que se acomodaran bajo los improvisados resguardos de plástico que aún permanecen en la pared que divide a la urbanización Villas de Yacural con La Pastoreña.
“Entre el estruendo de motocicletas, risas y arengas, los ocupantes ilegales violaron su propia palabra de no ocupar el terreno hasta tanto las autoridades municipales establezcan la legalidad de los predios, acuerdo firmado en la Defensoría del Pueblo por representantes del Colectivo Yacure y en presencia de autoridades civiles”, determina el texto enviado a este periódico.
Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Isabel Lameda, quien preside la comisión especial nombrada para el caso de La Pastoreña, indicó que durante la mañana de este martes se reunió en la Defensoría con el grupo de personas necesitadas de viviendas a quienes escuchó diversos planteamientos.
Acotó que una de las peticiones de las familias de Yacural es que se haga justicia por los dos asesinatos y los cuatro heridos ocurridos el 16 de julio y solicitaron a la Fiscalía Superior esclarecer este hecho.
Ana Gil, residente de la urbanización La Pastoreña, habló sobre las mesas de trabajo sostenidas con la Fiscalía Superior, la Defensoría del Pueblo y la comisión de la Asamblea Nacional para evaluar la situación, de las cuales se espera un informe en unas dos semanas.
