Una democracia se basa en la división de los poderes públicos y la independencia de sus órganos. Sin embargo, en Venezuela se impuso la hegemonía, revela el doctor Jorge Rosell, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y corredactor del Código Orgánico Procesal Penal.
Leopoldo López cumple seis meses en la cárcel de Ramo Verde y el abogado señala que el líder de Voluntad Popular es, sin duda, un preso político.
Según el especialista, el retardo procesal es un problema de larga data en Venezuela, por lo tanto no es un asunto exclusivo en el caso de López. No obstante, ese juicio tiene una connotación política, aclara.
El Poder Judicial en el país está desprovisto de independencia, advierte. Los jueces carecen de autonomía, en consecuencia no tienen la última palabra, resalta.
El especialista indica que el sistema penal en el país no posee recursos para funcionar de la manera indicada. “Los juicios se hacen eternos y en el caso de López, será doble la angustia (por el tinte partidista)”.
Justicia al servicio del PSUV
El consultor jurídico y director de la Alcaldía de Iribarren, José Ignacio Guédez califica de tortura psicológica el juicio contra López.
“Leopoldo López se suma a una larga lista de disidentes arrestados de un régimen que tiene fines hegemónicos.
Estamos hablando de medidas que se toman por decreto. Políticamente, Leopoldo ya fue condenado. El TSJ actúa como un brazo del PSUV (…) Leopoldo se entregó y ni siquiera han tomado en cuenta eso para garantizarle un procedimiento justo.
Reitera que la Asociación de Alcaldes y el bloque de oposición clama por la liberación de presos políticos, bajo una figura de amnistía.
Pide no olvidar a Enzo Scarano y Daniel Ceballo.
Al consultarle si continuará la protesta en el territorio nacional, Guédez respondió: “La protesta siempre ha estado ahí, en varias expresiones por la crisis insostenible. Ahora, pienso que no debería plantearse en los mismos términos que a principio de año.
