Lo primero que llama la atención, en el discurso de la presidenta de Argentina, es que al referirse a las empresas y/o particulares que originalmente adquirieron los bonos emitidos por el gobierno para solucionar (o intentarlo) sus problemas económicos, es que se trataba de verdaderos argentinos, patriotas, creyentes en el futuro de su país, capaces de cualquier sacrificio para solventar el bienestar de la Patria. Pero resulta que cuando un grupo de ellos, al llegar la fecha de vencimiento de los bonos, intentan cobrarlos, como es lo más lógico del mundo, en lugar de recibir su dinero solo obtienen una fórmula, medio “chimba”, de que el gobierno necesita reestructurar la deuda ese año, 2005, y, pese a las protestas de los compradores, así lo hace y lo repite el año 2010, con un porcentaje, según cifras oficiales, de una mayoría calificada de compradores satisfechos. (¿O resignados?)
En ese instante del discurso presidencial, esos “argentinos patriotas” dejan de serlo para convertirse en “buitres”. ¿Qué tal? Es decir que si usted compra un documento cualquiera, emitido por el gobierno, confiando en sus cláusulas (tipo de moneda, monto, intereses, vencimiento…) cuando pretende cobrarlo, ocurre que lo establecido en ellos no tiene ningún valor y quieren que usted -obligatoriamente- acepte una “reestructuración” de su acreencia en las condiciones que ellos impongan. Sin importar el legítimo derecho del inversionista en recibir su capital que, seguramente, lo requiere para otros destinos.
Alegan que el país no tiene recursos suficientes para su pago y, en consecuencia, podría caer en un “default”, además de reducir la capacidad de empleos, aumentar la inflación y devaluar la moneda nacional. ¿Y ese riesgo no lo sabían cuando emitieron los bonos?…Si no lo sabían necesariamente son unos incompetentes, y si lo sabían estarían cometieron una vulgar estafa al pueblo ¿O no?
Ahora ante el dictamen del juez Thomas Griesa de obligar al gobierno argentino a pagar los 1.500 millones de dólares a los tenedores de deudas que no aceptaron la reestructuración, no solo ha implicado de hecho caer en mora al no llegar a un acuerdo con sus acreedores, sino que insistirán en el pedido de remover al designado mediador del caso, Daniel Pollack , porque “se está poniendo la camiseta de los buitres” y no les exige ni siquiera reducir algunas de las condiciones que piden y que no pueden ser aceptadas por el país. ¿Pero los acreedores sí están obligados a aceptar las condiciones del gobierno?
En resumidas cuentas: Venden a precio full, utilizan el dinero para lo que estimen conveniente durante muchos años “sin el permiso” del pueblo, pero a la hora de pagar quieren obligar a esas personas, naturales o jurídicas, a conformarse recibiendo a cambio nuevas promesas, que, probablemente, serán también incumplidas, y pretenden, adicionalmente, que sea sin el derecho sagrado de acudir a los tribunales competentes. ¿Cómo la ven?
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