La vida es el bien más preciado de todos los seres humanos y su valor es incalculable, de allí que ha sido considerada como un derecho fundamental que debe ser preservado en todas las naciones del mundo.
Nada puede compensar ni justificar la pérdida de una vida humana, cuando se produce por fuerzas no naturales como la violencia o la falta de garantías en materia de salud por parte de un Estado.
El Estado venezolano está en la obligación de defender este derecho, pero según el abogado Rafael Narváez, especialista en Derechos Humanos, esa función no se cumple debido a distintas causas.
“El derecho a la vida no es una prioridad para quienes conducen el país y eso lo puedo demostrar con pruebas, cifras, estadísticas y casos”.
Los 27 años de experiencia en el área y los datos que maneja le permiten defender esta hipótesis. La cifra de homicidios, la inseguridad, las muertes dentro de los centros penitenciarios y la falta de garantías para preservar la salud de los enfermos en distintas áreas, son algunos de los argumentos que maneja Narváez.
“El Estado desprecia la vida, porque si la apreciara asumiera la realidad que se vive en estas áreas y comenzara a aplicar planes para resguardarla. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, descuida su competencia en materia de seguridad ciudadana y se ha dedicado a represión de quienes protestan”.
El 90% de los funcionarios que han pasado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, entre 1999 y 2013, son militares formados en materia de seguridad nacional pero que ejercen una función vinculada a la seguridad ciudadana.
“La seguridad ciudadana deber estar en manos de civiles por lo cual estos funcionarios militares que han ejercido el cargo en el Ministerio con competencia desconocen cuál es la política criminal que debe manejarse en cualquier nación y que implica tres elementos fundamentales: prevención y seguridad; represión, que implica que los cuerpos policiales y el poder judicial deben hacer cumplir las normas y sancionar por su incumplimiento; y el tratamiento, vinculado al área penitenciaria, sanciones de los delitos y rehabilitación de los reclusos en las cárceles, algo que no se está cumpliendo”.
El abogado apuntó que existe en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la protección a las víctimas de violencia que no ha sido analizado y, además, “la Defensoría del Pueblo ha evadido el tema de la violación a los derechos humanos”.
Narváez maneja cifras que le permiten asegurar que desde el año 1999 hasta la fecha han ocurrido unos 180.000 homicidios en el país.
“En estos años, los delincuentes no han dejado de atracar y asesinar a los ciudadanos, pese a los 23 planes de seguridad desarrollados por el Estado”.
Al comparar la cifra de homicidios con los 52.000 reclusos que se encuentran en las 33 cárceles del país, el abogado estima que existe unos 130.000 delincuentes que no han sido procesados por sus delitos y “están en las calles robando y asesinando”.
Narváez también cuestiona el hecho de que la ministro de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, “haya entregado la autoridad de las cárceles a los líderes o pranes, quienes ahora deciden cuáles casos van a los tribunales e inclusive quién vive o muere dentro de una cárcel”.
El 98% de los delitos que se cometen quedan impunes, “porque además hay deficiencias al momento de resguardar las evidencias de los crímenes; el Estado no aparece, no investiga y no persigue a los responsables. Pareciera ser aliado del hampa”.
Además, “en las cárceles mueren 400 personas cada año, por peleas, motines o muertes por encargo y el Poder Judicial nunca atiende esos casos, pese a las evidencias de que existen armas de fuego dentro de estos espacios”.
Frente a esta realidad, el especialista opina que la única salida posible consiste en la aplicación de un plan de desarme sensato que pudiera consolidarse mediante una exigencia de la ciudadanía organizada en pro del derecho fundamental a la vida.
Derecho inviolable
-La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
-La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente en su artículo número 43, Capítulo III De los derechos civiles: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
-Según la asociación civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela “cualquier acción que se enmarque fuera de los principios en defensa de la vida y que ocasione la muerte, será considerada como una violación al derecho y por tanto es susceptible de sanción por los tribunales competentes, así como por órganos internacionales con jurisdicción contenciosa penal; de ser sistemática se considera un crimen de Lesa Humanidad y por tanto su sanción puede recaer no sólo en la figura del Estado sino también en la de los funcionarios directamente responsables por su ocurrencia”.
Riesgos de salud
En los hospitales también existe una vulneración del derecho a la vida. Según Narváez “en el Hospital Universitario José María Vargas hay unos 250.000 pacientes oncológicos que esperan por un tratamiento de quimioterapia”.
El país carece de una política hospitalaria para atender a los pacientes en situación de riesgo, los casos y los ejemplos en este tema sobran.
“Los enfermos de VIH sufren por la escasez de los retrovirales, al igual que quienes sufren de hipertensión arterial.
Unos 10.000 pacientes venezolanos se encuentran a la espera de un dispositivo llamado stem que se utiliza en las cirugías cardiovasculares; los enfermos renales no pueden realizarse las diálisis por falta de insumos.
De nada vale defender los derechos humanos en Gaza, cuando el sistema hospitalario del país es deficiente y existen colas interminables por la falta de quirófanos, por ejemplo”.
Como defensor de los derechos humanos, Narváez se empeña en denunciar estas situaciones y en llamar la atención de la población.
“Estoy creando un comité de víctimas por el derecho a la vida, que incluirá a todas las personas interesadas en denunciar la vulneración de esta área”, anunció al considerar que deben ser indemnizadas.
