La Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus Familiares, aprobada por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, es sumamente importante porque implica un avance y visibiliza una problemática que estaba en el anonimato y del que nadie se hacía cargo.
Dicho pronunciamiento fue realizado por el diputado del parlamento nacional, Miguel Pizarro, quien aclaró que el texto jurídico por sí mismo no resuelve los problemas, pero a su juicio genera garantías, mecanismos punitivos y de exhorto e incluso incentivos con el fin de lograr que en nuestro país las personas con Sida y sus familiares no sufran discriminaciones.
Entre sus principales aportes, la Ley incluye la responsabilidad del Estado y la corresponsabilidad de las organizaciones sociales en promover los derechos de las personas con la mencionada enfermedad en campañas de concientización, y que se prohíba cualquier trato discriminatorio hacia ellas y sus familiares, y a quienes tienen relación de cualquier índole con alguna persona con VIH/Sida.
«Abarca todo el espectro completo. Desde las vinculaciones de las personas con VIH/Sida y las discriminaciones que sufren en materia de acceso a la salud, por ejemplo, como garantizar y respetar las normas de bioseguridad y el acceso a tiempo a la atención médica», puntualizó.
El parlamentario dijo que uno de los aspectos a resaltar, es la inserción entre las poblaciones claves de los privados de libertad, «del trato digno, de las condiciones en las que deben estar recluidos, de la atención médica y los traslados oportunos, para que los privados de libertad no se vean discriminados ni expuestos a un trato discrecional por parte de quienes tienen su custodia. Además incluye la atención especial y prioritaria en mujeres embarazadas, en la atención ginecobstetra, y en todos los cuidados durante el tiempo del gestación».
