El director de la ONG Anauco, Roberto León Parilli, acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para demandar al Estado venezolano por el retraso burocrático que frena la importación de medicinas y genera escasez.
Interpuso una acción por intereses colectivos para que el gobierno modifique el procedimiento que obliga a los importadores del sector salud a requerir un certificado de no producción nacional, lo que se convierte en una piedra de tranca.
«El certificado de no producción es un escalón que le quita (a los importadores) hasta 180 días, cuando se sabe que el 95% de los insumos médicos no se producen en el país y deben ser importados», manifestó León Parilli.
De acuerdo con el presidente de Anauco, la demanda es producto de las miles de quejas recibidas por la organización civil, de usuarios que se sienten afectados por la no existencia de medicinas ni en las farmacias venezolanas ni en los hospitales.
El activista señaló que traer a Venezuela un cargamento de los insumos indispensables para administrar tratamientos puede tardar entre 8 meses y un año, por lo que considera el estamento burocrático está violando los derechos a la salud y a la vida de los venezolanos.
“Hemos acudido tras las denuncias de miles de usuarios, pacientes y médicos. Es un hecho público y notorio, que hoy en Venezuela no están llegando los medicamentos y los productos que se requieren en el país para brindar los derechos fundamentales. El TSJ tiene plena facultad para solicitar una revisión de este procedimiento», manifestó León Parilli.
En su opinión, una de las cosas que deben ser revisadas, por absurdas y generadoras de demora innecesaria, es la participación del Ministerio de Industrias en el otorgamiento del certificado de no producción.
«No puede ser que el Ministerio de Industrias, como si se estuviese importando un tornillo, sea el que decida qué medicamentos, insumos y equipos entran al país. Yo creo que esto es competencia del Ministerio de Salud, que es afín a la materia y podría aportar mayor rapidez», dijo.
