A pesar de que el aumento en las tarifas del transporte urbano está establecido para ser modificado a partir del 15 de agosto, usuarios de los mismos han denunciado constantemente que la nueva tarifa está en vigencia de manera arbitraria desde hace días.
Según el comentario de quienes recorren la ciudad a través del transporte público, el cobro de los diez bolívares por el servicio urbano ya es un común entre los transportistas. Sin embargo, según Geovanny Peraza, secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, explicó que quienes realizan esta práctica son aquellos conductores que, de forma ilegal, prestan el servicio, conocidos como ‘piratas’.
De igual forma, explicó que, desde el sindicato que él representa, se exhorta a sus agremiados a cumplir con las disposiciones legales convenidas con las autoridades responsables; aunque no desestima que, influenciados por «el desastre que hay con los piratas, algunos de los transportistas legales aumenten la tarifa». «Además de cobrar en exceso, estos conductores ilegales no montan a personas de la tercera edad ni a estudiantes», explica Peraza, «es por ello que le pedimos a la Amtt (Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre) más supervisión a través de puestos fijos que permitan regular esta situación».
Como se recordará, desde el 15 de agosto entra en vigencia la nueva tarifa para el transporte urbano que se situará en 10 bolívares dentro del área metropolitana, y un aumento del 15% para los suburbano y extraurbano, «como se convino antes de finalizar el primer trimestre del año». En el mes de mayo pasado, la tarifa sufrió un alza de 2 bolívares y ya estaba acordado con las autoridades municipales que la misma cantidad fuera aumentada para el mes de agosto.
«¡No hay repuestos!»
Geovanny Peroza explicó, a nombre de quienes representa, que la situación con respecto a los repuestos para las unidades de tránsito se ha agravado con el paso de los últimos meses, pese a los anuncios desde el Gobierno nacional para facilitarle las dotación de aceite y lubricantes a los dueños de línea, «esto es otra coba más del gobierno», recalcó. Según Peroza, los afectados no consiguen los repuestos de las unidades, «no hay cauchos ni baterías». El representante del sindicato de conductores, explicó que, en la actualidad, aproximadamente el 30% de la flota urbana se encuentra fuera de servicio, y un aproximado del 40% en la flota suburbana.
