La desviación de la conducta y actitudes individuales contrarias a la ley, asumidas por algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, afectan el nombre de la institución a las cual pertenecen, en detrimento de las personas y de los bienes constituidos en patrimonio.
La mayor curiosidad de esta situación es llegar a la raíz del problema y determinar qué factores inciden para que policías o guardias nacionales, ambos con mayor frecuencia de contacto en la calle con la sociedad, desvinculen su actividad propia respecto al organismo que representan, que no es otra que prevenir los delitos y velar por el mantenimiento del orden público, sin salirse de la norma.
Para la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, todo radica en que los institutos encargados de la preparación de los funcionarios de la llamada policía administrativa deben establecer parámetros de exigencia académica para quienes aspiran ingresar a los cuerpos de seguridad del país, tomando en cuenta la edad, sin son bachilleres o técnicos y de acuerdo a estas condiciones adaptar un plan programático para impartirles clases.
Prepondera que la posible causa de funcionarios que comienzan a transgredir la ley dentro de los cuerpos de seguridad está en que no se tenga el menor cuidado al momento del proceso de selección, corriéndose el riesgo de incorporar personas de conductas antisociales.
Resaltó que uno de los principales compromisos vitales para evitar que esto suceda es incluir, dentro de los programas de preparación de estos funcionarios, visitas familiares de los aspirantes y de su entorno comunitario, para conocer en qué ambiente se están desenvolviendo, descartar que no hayan delinquido y escuchar qué dicen los vecinos, porque pudieron haberse criado en un hogar de alcoholizados, de drogadicción o permisible a cualquier conducta.
Precisó que, muchas veces, son estas mismas personas que al graduarse van a la calle revestidos de autoridad portando armas de fuego, y quizá con poca preparación e inmadurez, convertidos en potenciales delincuentes.
Recordó que este tipo de investigación la realizaron trabajadores sociales durante los años 1982 y 1992, y pese a que el aspirante podía tener cualquier título universitario, no calificaba sino superaba el examen psicotécnico, ya que se estaba al frente de una persona con ciertos problemas de desequilibrios mentales.
Manifestó que el resultado del diagnóstico psicotécnico realizado al aspirante también es vinculante, ya que esto permite aceptarlo o rechazarlo respecto al ingreso que ostenta en el curso de preparación, que si llega a superarlo finalmente lo egresará del curso de formación y tendrá la oportunidad de ser incorporado en un cuerpo de seguridad.
Otro elemento de perturbación que estaría llevando a algunos funcionarios policiales a la búsqueda ilícita de dinero extra u otros beneficios (sin justificación) pudiera ser el deficiente paquete que le ofrece el empleador a los egresados de 21 y 22 años, llámase alcaldías en el caso de la Policía Municipal, o gobernaciones en el caso de la Policía Regional.
Tiene que existir un extraordinario paquete que pase por la protección a su familia, buenos salarios, becas y seguro social, entre otras reivindicaciones laborales, para que los mismos tengan suficiente calidad de vida, expuso.
Lamentó que a los funcionarios policiales no los dotan de uniformes, ellos los tienen que comprar y las balas se las dan contadas.
Para la exmagistrada, el policía a carta cabal tiene que llegar a la institución por vocación, y no con la intención de enriquecerse ilícitamente. “Esa premisa aplica también para todas las profesiones u oficios”, adujo.
Concluyó que existe un impresionante desorden en las policías del país, por lo tanto, invita a que se lleve a cabo una revisión profunda de las mismas para establecer cómo se está realizando el proceso de selección y posterior preparación de estos funcionarios, a objeto de que se corrijan las fallas.
La seguridad ciudadana la garantiza la Constitución venezolana a toda persona para protegerlo, y se la brinda a través del Estado frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
En tal sentido, es de exclusiva competencia de los estados la organización de la policía, y del Ejecutivo Nacional la organización de un cuerpo uniformado de policía nacional para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales.
La legislación venezolana establece que los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, pero también le da potestad a los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.
Crisis institucional afecta
Para la Psicóloga Clínica, doctora María Auxiliadora de Posadas, existe una crisis institucional en el país, cuyos representantes están ajenos al empleo de mecanismos de controles sancionatorios para quienes formen parte de las mismas, y presenten conductas desviadas.
“Cuando las instituciones no tienen un sistema de prevención masifican las conductas de sus individuos, influenciadas por el ambiente en el cual se desenvuelven, adversas en lo moral y en las buenas costumbres”, apuntó.
Sostuvo que todas las conductas derivan de lo que está culturalmente aceptado, y tienen múltiples causas, pero el semillero de estas se forman por traumas en la infancia y llegan a la etapa de adulto.
Consideró que es fácil que se desvíe una persona sin una formación moral, pero mientras más poder tenga una institución hay mayor peligro para una sociedad sobre su actuación.
Los humanos necesitan que los guíen, no obstante, hoy día las familias tienen poco tiempo de atender a sus miembros por tener que trabajar, mientras en las escuelas solo instruyen, sin formar a los participantes en los programas cívico- moral, lo cual ayuda a la captación de valores trascendentales para la convivencia ciudadana.
