La consulta extendida con respecto al Proyecto de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que pretende cambiar el uso de la Zona Industrial 0 y 1, mantiene preocupados a los trabajadores de las empresas que allí se encuentran operativas.
Empleados fijos, tercerizados y demás personas cuyos ingresos dependen de la actividad en el sector amenazado, consideran que debe garantizarse su derecho al trabajo.
Ayer, EL IMPULSO se trasladó hasta la Zona Industrial 0 y 1, para conversar con quienes serían los más afectados al aprobarse la consulta extendida nuevamente por el Concejo Municipal de Iribarren.
No tendrán a dónde ir
En una comercializadora de materiales de construcción trabaja Naudy Molleja.
Desde hace 12 años se desempeña como montacarguista y de su ingreso mensual dependen otras ocho personas.
“No estoy de acuerdo con la propuesta, porque nadie sabe a dónde llevarían las empresas. ¿Cómo vamos a mantener entonces a nuestros hijos si nos sacan de aquí? La mayoría de los trabajadores somos padres de familia”, aseveró Molleja en defensa de su derecho al trabajo.
Otro caso es el de Mervin Plaza, un trabajador tercerizado que realiza fletes a una empresa de la Zona Industrial 1.
Pese a no pertenecer a la nómina de dicha compañía, Plaza lleva 30 años como fletero, un poco menos de lo que tiene viviendo en Barrio Unión, un populoso sector que colinda con la Zona Industrial.
Este trabajador evalúa su situación en el caso de que se cambie el uso a proyectos habitacionales y ve diversos factores en contra.
“Nadie sabe a dónde iríamos a trabajar, pero lo único seguro es que sería más lejos. No sólo tendría que madrugar, también tendría que llevarme mi comida para almorzar fuera de casa y es más peligroso”.
Plaza recordó además que hay muchos otros terrenos para desarrollar urbanismos, y citó como ejemplo la vía a Quíbor y la zona Norte de Barquisimeto.
De la actividad diaria en la Zona Industrial 0 y 1 también viven personas como Mario Vargas, un vendedor de jugos que dijo no imaginarse qué sería de su familia en caso de llegar a quedarse sin su único ingreso semanal, tomando en cuenta la dificultar de conseguir empleo en Venezuela.
Propuesta inviable
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoymei Lau, calificó de inviable la propuesta de la Cámara Municipal de Iribarren y pide al concejal Alejandro Natera que actúen con conciencia.
“No es lo más viable porque estamos hablando de empresas establecidas y puestos de trabajo necesarios. El cambio de uso generaría mayor desempleo; llevaríamos a más de cinco mil trabajadores a la economía informal (…) las consecuencias son nefastas cuando no se analizan las acciones”, dijo.
Resaltó además la imposibilidad desde el punto de vista técnico, en un sector industrial donde no hay servicios necesarios para desarrollos urbanísticos. “No habrá tampoco dinero para romper los pisos de los galpones que tienen hasta 35 centímetros de espesor porque así lo requiere la actividad que allí realizan”.
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria destacó que en el Municipio cuenta con otros espacios para construir viviendas, tomando en cuenta el déficit habitacional que afecta a más de 200 mil familias en Lara.
“Tamaca, por ejemplo, es el suelo más estable que tiene Barquisimeto en materia de sismos; allí hay mucho por hacer (…) pudieran irse incluso a El Ujano, viéndolo como una extensión del este de la ciudad”, explicó Lau.
Reunión de concejales
A través de un boletín de prensa enviado la tarde de este lunes, la Cámara Municipal de Iribarren anunció que el próximo viernes sostendrán una reunión con los empresarios. Previo a ello, este miércoles los concejales realizarán una antesala de planificación.
La primera vicepresidenta del Concejo Municipal, Teresa Linárez, dijo que la reunión busca “aclarar una serie de confusiones generadas por factores de oposición que han causado matrices de opinión falsas, como que la finalidad es sacar las empresas de las zonas industriales, perjudicando así a los trabajadores”.
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