La tarde de este lunes los diputados por Lara a la Asamblea Nacional, Isabel Lameda y Alexander Torrealba (PSUV); Edgar Zambrano y Guillermo Palacios (MUD), quienes forman parte de la comisión especial nombrada por la Asamblea Nacional por el caso La Pastoreña, conversaron tanto con habitantes de la urbanización La Pastoreña como con quienes luchan por quedarse con una porción del terreno adyacente a este urbanismo, con la intención de buscarle una solución pacífica a la situación que hasta los momentos ha dejado dos fallecidos, cuatro heridos y daños materiales.
También asistió Elba Yris Rodil, defensora del Pueblo de Lara y una comisión del Cicpc.
Lameda, coordinadora de la comisión, indicó que la presencia del Cicpc es seguir evaluando de dónde provinieron los disparos que causaron los dos crímenes, porqué se encontraron balas en las paredes y estudiar técnicamente los plomos extraídos a las víctimas para cotejarlas con las armas de fuego accionadas.
“En aras de no entorpecer las averiguaciones solo se puede decir que están a buen ritmo”, adujo.
Adelantó que este jueves escucharán las vocerías de familiares de las víctima de Yacural, escucharán a los de La Pastoreña y al abogado Raúl Castillo, por Inversiones Martinique C.A.
Precisó que la intención no es caer en juicio adelantado, “porque aquí lo importante es la convivencia de la comunidad, antes de establecerse a quién corresponde el terreno”, sostuvo, y agregó que si pertenece a Martinique entonces La Pastoreña nada tienen que ver con el mismo porque no forma parte de sus áreas comunes.
Por su parte, Edgar Zambrano y Guillermo Palacios manifestaron que pondrán todo su empeño para recoger todas las impresiones sobre este conflicto, el cual lleva más de un mes, cuyos planteamientos y propuestas se plasmarán en un informe que se distribuirá a los organismos competentes en dos semanas, contados a partir de la fecha, a objeto de que obtengan las respuestas a que haya lugar.
Raúl Castillo cree el problema se está solucionando, pese a dos posiciones encontradas: “los invasores dicen que los terrenos son ejidos y nosotros con documentos probamos que son privados”.
No obstante, el problema no radica en que si es público o privado, sino que está prohibido invadir, acotó.
Señaló que el grupo de personas ocupa una porción de un total de seis hectáreas de Inversiones Martinique C.A. donde en principio se construirían 800 apartamentos, pero la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía les obligó a cambiar el proyecto de edificios por 280 casas, para reducir la presión poblacional en ese lugar.
Comentó que este proyecto lo paralizaron los ahora ocupantes.
