La llamada consulta pública que menciona el Concejo Municipal en el caso del Proyecto de Desarrollo Urbano Local (PDUL), no incluye a los verdaderos involucrados y posibles afectados en caso de que la Zona Industrial 0 y 1 sea tomada para proyectos habitacionales.
La cuestionada reforma que pretende conceder a las comunidades la toma de tan importante decisión, tiene en contra diversos aspectos y podría ser la responsable de un alto índice de desempleo, en caso de que sean desalojadas las empresas que se encuentran activas en el área.
Así lo plantearon los expertos consultados por EL IMPULSO. Los ingenieros Alberto Gámez, presidente regional de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras – Lara) y Frank Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción del estado Lara, suman una visión adversa a la planteada por el concejal Alejandro Natera, presidente de la Cámara Municipal de Iribarren.
No creen en la empresa privada
Diversas peticiones públicas hechas a través de los medios de comunicación y un documento escrito enviado al Concejo Municipal para solicitar una mesa de diálogo, forman parte de las acciones emprendidas por Fedecámaras Lara en el caso del PDUL.
Su presidente, Álberto Gámez, destacó que además de las comunidades, en la consulta es necesaria la opinión y los aportes que puedan ofrecer empresas, trabajadores, sindicatos y las cuatro cámaras de base, que hasta ahora no han sido tomadas en cuenta.
Gámez hizo frente a la denuncia del concejal Natera, quien aseguró que en la Zona Industrial 0 hay terrenos improductivos y los dueños de los mismos se encuentran fuera del país. «Se nota que el concejal ignora el tema. Aquí estamos trabajando, se han hecho ampliaciones y modificaciones, continúan las inversiones. Son muy pocos los terrenos improductivos; los invito a hacer juntos una evaluación de los terrenos», enfatizó el titular de Fedecámaras.
«¿Cómo es posible que nos llamen burgueses? No entendemos el ataque a los empresarios. Se nota que ellos no creen en la empresa privada ni en los gremios», destacó.
Alberto Gámez recordó que en la Zona Industrial 0 y 1, que pretenden convertir en zona residencial, hay 380 empresas operativas, que generan unos cinco mil empleos directos y más de diez mil indirectos.
Dijo además que el pasado mes de mayo hicieron una encuesta en las comunidades aledañas, donde sus habitantes se mostraron preocupados porque la mayoría trabaja de forma directa e indirecta en las industrias que serían removidas en caso de aprobarse la reforma.
Fuera de contexto
El ingeniero Frank Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción del estado Lara, considera que las prórrogas para consultas técnicas no han sido lo suficientemente amplias para que el sector construcción pueda opinar.
A su juicio, el desarrollo habitacional en una zona de carácter industrial carece de lógica y plantea sus razones. «La primera porque el Estado no tiene recursos para sacar a las empresas y reubicarlas, porque además no han dicho a dónde irían. Es un problema de dinero, tiempo y efecto laboral (…) además no se han hecho los trabajos necesarios para determinar si el sector cuenta con los servicios básicos que requiere un proyecto habitacional», explicó.
De tal manera que la propuesta está fuera de contexto técnico y lógico.
Mendoza se mostró preocupado por los más de cinco mil empleados de las empresas ubicadas en la Zona Industrial 0 y 1. «Si me van a quitar el uso tengo que cerrar la empresa, entonces, ¿qué va a pasar con cinco mil familias? ¿Quién les va a dar trabajo en el país del No Hay?», se preguntó.
El presidente de la Cámara de Construcción puso a la orden la sede del gremio que representa, para iniciar un debate en beneficio de todos. “Vamos a sentarnos a dialogar en un espacio que no tiene relación con la política”, dijo.
