Como positivo consideró la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión de EEUU de negar la entrada a ese país a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.
No obstante, consideró que para que esta acción tenga consecuencias sería mejor que ese país diera a conocer cuáles son los casos en los que estarían incursos los funcionarios, para determinar si son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción internacional.
«Creo que sería pertinente por parte del Gobierno estadounidense señalar concretamente qué tipo de violaciones de derecho humanos se han cometido, para ver si este tipo de acciones tuviese jurisdicción universal», manifestó a EL IMPULSO.
El anuncio de la revocatoria de visas lo hizo este miércoles la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, al expresar la posición del gobierno de Obama frente a las «detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza» que habrían ejercido «las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro» contra los manifestantes y sociedad civil. Aunque no señala la identidad de las personas vetadas, la medida estaría dirigida a funcionarios militares y del gobierno.
Para San Miguel, esta acción traerá consecuencias.
«Esta es una política que va nuevamente a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países ineludiblemente. Lo que sucede es que el concepto de derechos humanos es un concepto que va a seguir siendo parte de la agenda hemisférica y que no solamente va a provenir de EEUU sino probablemente de otros países de la región», señaló.
«Este tipo de situaciones visibiliza las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela ante la comunidad internacional. De allí a que esto tenga efectos reales sobre la disminución de las violaciones de derechos humanos, habría que medirlo con el tiempo», añadió San Miguel.
De la teoría a la práctica
Por su parte, el sociólogo y director de la ong Paz Activa, Luis Cedeño, considera que la posición más agresiva que recientemente ha adoptado EEUU contra venezolanos a los que señala de incurrir en delitos de alcance universal, es una señal para mirar hacia adentro.
El investigador cree que, si bien no se puede acusar al general Hugo Carvajal porque no ha sido juzgado, los nexos entre autoridades y redes de narcotráfico en el país no es una idea descabellada.
«Entre los estudios que hemos hecho desde el Observatorio de Delincuencia Organizada, el año pasado hicimos una encuesta nacional sobre la percepción del ciudadano y vimos que el venezolano mira a las Fuerzas Armadas y a las policías como instituciones profundamente corruptas. La mayoría cree que las FAN están involucradas en narcotráfico», señaló Cedeño.
Pero más allá de la mirada subjetiva, «teóricamente sabemos que Venezuela si bien no es un país productor o consumidor de drogas, por su posición geopolítica es muy favorable para el tránsito.También hemos identificado que las trazas de vuelos ilegales que antes se concentraban en Colombia, hoy en día se concentran en Venezuela. Esto nos dice que el país se ha convertido en una autopista para la droga, y necesariamente tiene que haber una complicidad muy activa de las autoridades venezolanas, especialmente en las fronteras», manifestó el investigador.
Por otro lado, sobre la medida de EEUU contra funcionarios venezolanos por su participación en violaciones de derechos humanos, Cedeño consideró que son «medidas unilaterales son difíciles de justificar, porque no hay un derecho a la defensa».
Sin embargo, «Venezuela tiene que cumplir con los tratados de derechos humanos que ha suscrito, tal como el gobierno exige que se cumpla en ellos», agregó.
