De acuerdo a su cantidad de habitantes, más de 110 mil, el municipio Jiménez, y en especial Quíbor, necesita incrementar el número de policías y otros funcionarios de seguridad para que la ciudadanía pueda disfrutar de ella.
Así lo reveló el alcalde, José Gregorio Martín, al ser consultado sobre la situación que en esa materia persiste actualmente en el municipio.
Especificó que, de acuerdo a su población, la cantidad de policías, guardias nacionales u otros funcionarios de organismos de seguridad debía estar por el orden de 400 y en la actualidad sólo se dispone de 150 para las siete parroquias.
Dijo que luego del suceso del jueves, cuando un mototaxista fue asesinado para robarle su máquina y sus compañeros protestaron, todo volvió a la normalidad, con el comercio operando a plenitud, como se pudo constatar este viernes.
El alcalde considera que ese fue un hecho aislado y que, si bien nunca habrá seguridad total, en el municipio se han reducido los índices delictivos gracias a la actuación de la Policía de Lara, Nacional, GN, Cicpc y el Ejército, que trabajan en ese propósito.
Informó que recientemente la policía recibió tres patrullas que fueron incorporadas de inmediato a los recorridos.
Se mostró de acuerdo con quienes consideran necesaria la rotación de los funcionarios policiales para que no se creen vicios y dijo que la superioridad ya hizo traslados con el fin de lograr mayor eficiencia.
Martín enfatizó que este viernes todo era normal en el comercio de la capital municipal hasta donde llegaban las familias en busca de los productos de la cesta básica.
La misma opinión la mantenía Amílcar Marcano, directivo de la Asociación de Comerciantes, quien considera que, si bien los índices delictivos en Quíbor y en el municipio en general han bajado, no es conveniente que los organismos encargados de la seguridad de los quiboreños, policía y GN, bajen la guardia.
Igualmente insistió en la necesidad de mantener los sistemas de patrullaje en la zona comercial y el resto de la ciudad, así como en las áreas rurales.
En varias oportunidades productores rurales de la zona han exigido de las autoridades mayor presencia policial y de la Guardia Nacional ante la llegada por temporadas de elementos procedentes de otras entidades dedicados a la comisión de extorsiones, secuestros, robos a mano armada o hurto de ganado, vacuno, caprino y hasta porcino.
Sobre todo los dueños de fincas de ganado caprino son los más afectados por la acción de esos delincuentes que se aprovechan cuando los rebaños salen al campo en busca de alimentos vegetales para apoderarse de algunos, utilizando muchas veces armas de fuego, en especial escopetas.
Los productores han insistido en la necesidad del incremento de los patrullajes rurales para detectarlos y apresarlos.
