La golpiza de la cual fueron víctimas los presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde, Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese nos obliga no sólo a volver sobre el tema de los Derechos Humanos, sino también a dejar testimonio de nuestra protesta contra la violencia institucionalizada en el Gobierno.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo, no lo han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Nicolás Maduro hace llamamientos a la paz y al diálogo, para tratar de congraciarse con los países defienden el respeto a los Derechos Humanos, pero ha quedado al descubierto su talante autoritario, incluso para algunos jefes de Estado amigos del extinto comandante Chávez, cuando visitaron el país y recibieron información de la brutal represión policial, militar y paramilitar contra estudiantes y la sociedad civil, y constataron la injusta prisión de Leopoldo López y de los Alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Estado Táchira y Enzo Scarano, de San Diego, Estado Carabobo, y la persecución a los principales dirigentes de Voluntad Popular, un Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA ha recibido varias denuncias, que prueban centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes, lo que ha convencido a muchos, aunque algunos lo disimulen, de que en Venezuela no hay Estado de Derecho.
La visita de los cancilleres de Unasur servirá por lo menos como comprobación, sino como testimonio, de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenada por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
Y aunque es posible que con la visita de Unasur, Nicolás Maduro se vea obligado a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede, a los grupos paramilitares, para cumplir con disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas, es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales, aunque la represión ha continuado, como lo revela la golpiza a los presos políticos de la prisión de Ramo Verde.
