La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó de irresponsable el informe que presentó recientemente Human Rigths Watch, por carecer de argumentos en cada uno de los señalamientos que hace contra el Estado venezolano por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
En el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, espacio transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz indicó que una denuncia no puede estar argumentada en recortes de prensa como lo han hechos algunas organizaciones internacionales pro derechos humanos.
“Me parece tan irresponsable que este señor (José Miguel Vivancos) acuse al Estado venezolano de violación de las garantías constitucionales, ¿cuáles son esas violaciones?, tienen que ser con nombre y apellido”, dijo al referirse a Human Rigths Watch.
Explicó que durante la reunión sostenida con Amnistía Internacional en su despacho, esta organización se refirió a una serie de casos por presuntas torturas en el país ocurridas durante las manifestaciones violentas del 12 de febrero al 30 de junio de este año, sin embargo, cuando se le solicitó información y detalles, ofrecieron el nombre y apellido de una sola persona, quien por cierto no había sido objeto de lo que señalaban.
“No basta decir que el Estado venezolano viola las garantías constitucionales, ¿cuáles son esas violaciones?. Aseguran que el país ha quebrantado 11 disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿por qué se han quebrantado esas 11 disposiciones? Tienen que explicar al igual que nosotros le explicamos a una persona a la hora de imputarla en qué delitos presuntamente incurrió. Ah, eso es muy fácil decir: el Estado venezolano viola los derechos humanos”, agregó la Fiscal General.
Resaltó que en materia de respeto a los derechos fundamentales, el Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales, ha capacitado durante el primer semestre de este año un total de 21.895 funcionarios, cuya cifra se discrimina de la siguiente manera: 4.663 adscritos al Ministerio Público y 17.232 entre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, diferentes policía estadales, entre otros organismos de seguridad.
Adicionalmente, informó que los fiscales de Derechos Fundamentales han realizado 446 actos de imputación por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En lo que va de año, la institución ha registrado 3.905 ingresos y 25.991 egresos por esta misma materia.
Advirtió que es una obligación de los funcionarios, los ciudadanos y del Estado respetar los derechos humanos.
Protestas violentas
En cuanto a las manifestaciones violentas registradas en el país desde el 12 de febrero al 30 de junio de este año, tan sólo quedan 77 personas privadas de libertad, de las cuales tres son estudiantes.
Del total de privados de libertad, 14 son funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado.
Recordó en estos hechos violentos perdieron la vida 43 connacionales y otros 878 resultaron heridos.
“El fiscal del Ministerio Público y seis personas más, perdieron la vida tratando de esquivar barricadas. Además de 25 personas, aproximadamente, que perdieron la vida bajo esas circunstancias”, acotó Ortega Díaz.
En todos los casos hay personas detenidas, razón por la cual no se puede afirmar que las instituciones y el Estado venezolano no dan respuestas.
Lucha contra el uso irregular de divisas
En materia contra la corrupción, Ortega Díaz recordó que el Ministerio Público tiene 2.272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y las llamadas empresas de maletín.
De ese total, son investigadas 1.490 personas naturales, de las cuales 237 han sido imputadas, 49 acusadas y 34 condenadas por admisión de hechos.
Respecto a las personas jurídicas, se investigan a 782 relacionadas con estos casos. De ese último número, hay 38 imputados, 31 acusados, cuatro condenados por admisión de hechos e igual número de sentencias condenatorias en juicio oral y público.
