El gobierno argentino insistió hoy en rechazar el default de su deuda externa, acusó a la Justicia de los Estados Unidos de “mala praxis” y anunció que podría apelar a la Corte Internacional de La Haya y a la ONU para evitar que los fondos especulativos perjudiquen su deuda reestructurada.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que es “una patraña absurda” decir que la Argentina está en default técnico, en la misma línea de lo que ya había dicho el ministro de Economía, Axel Kicillof, que también negó que el país haya entrado en cesación de pagos.
En la medianoche de ayer venció el plazo de gracia para que el país pague un vencimiento de su deuda reestructurada. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s declaró que el país está en default selectivo.
El depósito para ese vencimiento fue hecho por el gobierno a fines de junio pero quedó congelado por una sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa, que ordenó que el país pague al mismo tiempo a los fondos especulativos, a los que Argentina llama “fondos buitre”.
La sentencia establece que la Argentina debe abonar a esos fondos 1.330 millones de dólares en un solo pago y en efectivo. Sin eso, no le permite seguir con el pago de la deuda reestructurada.
Capitanich afirmó que el juez Griesa “no es independiente” a los intereses de los fondos especulativos y responsabilizó a los Estados Unidos de “no impedir que se vulnere la soberanía de los países”.
“Esto es una vergüenza”, denunció el funcionario, que dijo que el magistrado “es un agente de los fondos buitre”.
El jefe de Gabinete anunció que la Argentina podría apelar a la Corte Internacional de La Haya y a la ONU para evitar que “un grupo minúsculo como los fondos buitre fulmine” la reestructuración de la deuda argentina, cuyos canjes de 2005 y 2010 fueron aceptados por el 92,4 por ciento de los bonistas.
“No resulta confiable el sistema judicial de los Estados Unidos (…) Acá, ha habido una mala praxis por parte del Poder Judicial en Estados Unidos”, enfatizó Capatinich.
El jefe de Gabinete instó a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 a tener “una actitud agresiva en materia judicial” para cobrar el dinero que el gobierno depositó para saldar los vencimiento pero la Justicia trabó con la sentencia de Griessa.
“Argentina ha cumplido con sus obligaciones y les corresponde a los acreedores exigir el pago, y eso es lo que uno advierte como un problema”, planteó Capitanich.
En este sentido, el funcionario insistió: “La verdad es que los 539 millones de dólares están depositados en la cuenta del Banco Central para ser transferidos a aquellos que tienen jurisdicción, (pero) pareciera que están cómodos con que no se les pague, y lo que deben hacer es que se les pague”.
