En la segunda fase de la ofensiva económica que pone en práctica el Estado, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos de los Usuarios, seccional Lara, llevó a cabo una nueva inspección de precios en el sector ferretero.
Leander Martínez, superintendente regional, declaró desde la sede de Chanyú C.A, en la calle 29 entre carreras 23 y 24, donde se detectó una serie de irregularidades con respecto a la venta de productos, con un índice de usura de hasta 300%.
Explicó que ante el incumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos, el primer paso es hacer que dicha empresa se adecúe a la normativa legal, de lo contrario, serán referidos al Ministerio Público.
Casi 400 inspecciones
Martínez continuó explicando que en la región cerca de 400 establecimientos han sido inspeccionados, entre diferentes sectores del mercado, lo cual representaría un balance positivo para la economía regional.
“Hemos visitado comercios del sector alimenticio y automotriz, obteniendo buenos resultados debido a que los comerciantes se documentaron con la ley y tienen presente que sólo está permitido una ganancia máxima de 30%. Excederse se traduce en sanciones o multas”, expresó.
Informó que el monitoreo será constante en aquellos sectores que resulten de suma importancia para los ciudadanos. En cuanto a la alimentación, indicó, velan por los precios de los productos de primera necesidad.
En las próximas semanas, otras áreas serán atendidas como es el caso de los centros de salud del sector privado, así como las que sugieran los propios usuarios a través de las redes sociales u oficinas de la Superintendencia.
Municipios foráneos
La ofesiva económica se trasladará también a los municipios foráneos del estado Lara a fin de atender por completo las denuncias por parte de los habitantes.
En el municipio Jiménez, por ejemplo, denuncian especulaciones en la venta de carne, probablemente, debido a la crisis que atraviesa con la paralización del matadero de El Tocuyo, del cual se surtían.
La poca carne que ofrecen los frigoríficos de Quíbor, presentan un precio fuera de lo estipulado por el Gobierno nacional.
