Human Rights Watch denunció este martes los abusos , la falta de independencia judicial y la censura encubierta que existe en Venezuela. A través de un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la ONG pidió que se tome en cuenta el análisis del caso venezolano.
Este documento recoge los aspectos «más preocupantes» sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la ONU por parte del Gobierno nacional.
Alerta del «uso excesivo» de la fuerza de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes en las protestas surgidas el 12 de febrero de 2014 contra el Gobierno que sufrieron «violentas golpizas».
«Dispararon armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, y en algunos casos dispararon perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas», señala la misiva, en la que también destacan, que «permitieron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran a civiles que no estaban armados y en algunos casos colaboraron abiertamente con las pandillas».
Otro aspecto importante es la labor de los medios de comunicación en el país. Aseguran que durante las protestas hubo «abusos» contra fotógrafos profesionales y ciudadanos para «impedir que estas personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad».
De los detenidos, HRW denunció que en «muchos casos» permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más antes de ser llevados ante un juez y sufrieron «severas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras», también fueron «obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas».
«En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura», afirma HRW, que señala que el hecho de que se hayan cometido «reiteradamente» por miembros de distintas fuerzas de seguridad en tres estados y la capital «avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática».
También la ONG señaló que existe en el país una «ausencia de independencia judicial y garantías de debido proceso» ya que algunas víctimas, a las cuales entrevistaron, indicaron que se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales.
