El astro del fútbol Lionel Messi podría tener que enfrentarse a un juicio por fraude fiscal después de que un juez español decidiese este lunes rechazar la petición de la fiscalía de archivar la causa contra el futbolista argentino.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Gavá (una población cercana a Barcelona en la que Messi tiene la residencia) decidió mantener la imputación por fraude fiscal contra Messi y contra el padre del futbolista, acusados de haber urdido una trama con la que habrían evadido 4,16 millones de euros (5,6 millones de dólares) en tres años (2007, 2008 y 2009).
La justicia española acusa a Messi y su padre de «burlar» la Hacienda española cediendo los derechos de imagen del futbolista a «sociedades puramente instrumentales» ubicadas en países como Belice y Uruguay.
Messi ya declaró ante el juez el pasado mes de julio y negó las acusaciones contra él.
La familia Messi depositó en agosto en el juzgado los 4,16 millones de euros presuntamente defraudados, así como los intereses y regularizó su situación con el fisco español.
Sin embargo, el juzgado consideró «irrelevante» este hecho para decidir si mantener o no la imputación a Messi.
La fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que el futbolista desconocía la gestión de su patrimonio que llevaba a cabo su padre.
Según un documento citado en la prensa española, el fiscal pidió archivar el caso al considerar «ciertamente creíble» la versión que Messi ofreció ante la juez conforme desconocía la gestión de sus ingresos llevada a cabo por su padre.
Pero la Abogacía del Estado, en colaboración con la Agencia Tributaria, se mostró contrario al archivo de la causa al considerar que no se habían practicado todas las diligencias necesarias.
El juez de Gavá, ahora, ha considerado que Messi «podría haber tenido conocimiento y consentido» el fraude fiscal, por lo que decidió continuar con la instrucción del caso.
«Lionel Andrés Messi Cuccittini ha podido conocer y consentir la conducta defraudatoria, incluso a título de dolo eventual, sin que sea necesario ni que tales indicios hayan sido plenamente acreditados ni que dicho conocimiento pueda haber abarcado todas las operaciones contables o societarias o la cuantía exacta de lo defraudado», justificó el juez en su resolución.
EL juez da ahora un plazo de 10 días a la fiscalía y al abogado del Estado para que soliciten la apertura de un juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
