Crónicas de Facundo: El caso Carvajal
No son públicos los detalles de fondo que esgrime el Gobierno de los Estados Unidos para convencer a las autoridades holandesas de la extradición, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, del general Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana y pretendido cónsul de Venezuela en Aruba.
En cuanto a lo primero, se sabe la presencia de dicho general y otros de sus compañeros de armas en las listas de personas señaladas por sus relaciones con narcotraficantes por las autoridades estadounidenses. Y sobre la situación de Carvajal, a quien el presidente de la República, Nicolás Maduro, defiende sin reservas – “me la juego por él” – y responde que se trata de un ataque contra Venezuela y su revolución, vale decir que no se trata de un “diplomático protegido por la Convención de Viena”, a pesar de lo afirmado por el uno y el otro caminando sobre tierra movediza.
Carvajal fue designado cónsul General en la citada isla, pero Holanda no le ha otorgado el exequatur. Y lo cierto es que, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los funcionarios consulares, incluidos los provisionales, a diferencia de los representantes diplomáticos no gozan de inviolabilidad personal plena, pudiendo “ser detenidos o puestos en prisión preventiva… cuando se trate de un delito grave”.
Carvajal ha viajado bajo la protección de un pasaporte diplomático, que en nada cambia la circunstancia anterior. No es diplomático. Esa identificación, para que surta efectos más allá de nuestras fronteras requiere, justamente, que su titular ostente a cabalidad la condición de diplomático, es decir, haya sido acreditado por el Gobierno que representa y luego aceptado como tal por el Gobierno u organismo internacional que lo recibe. Del resto, tales pasaportes son un saludo a la bandera. Le permiten a quienes los portan sin estar investidos de las calidades que dice atribuir, presumir, o acaso alcanzar un eventual trato preferente o de cortesía por las autoridades de inmigración de los países hacia los que viajen. Nada más.
El caso del general Augusto Pinochet es ilustrativo. Fue detenido en Londres por crímenes de lesa humanidad, hacia 1998. Esgrimió su condición de exjefe de Estado y su inmunidad, reconocida por una ley vigente de su país, y afirmó ser portador, por lo mismo, de un pasaporte diplomático.
Lo cierto es que la justicia británica no admitió su alegato, menos los efectos extraterritoriales pretendidos por dicha ley local. Su extradición fue acordada, al margen de que por razones políticas el ministro de Justicia de la Gran Bretaña, bajo protesta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, hubiese decidido entregárselo a las autoridades de su patria, luego de un muy largo proceso.
Carvajal tiene derecho a un juicio previo de extradición y justo, en las instancias de Aruba y de Holanda. Luego se sabrá si procede o no el requerimiento norteamericano.
Lo que queda de bulto y mal puede ocultarse es la gravosa y desdorosa situación que, casos como el de Carvajal, significan para Venezuela. Desnuda una realidad que en nada varía bajo los desplantes del capitán Diosdado Cabello.
Chávez y su entonces canciller, Nicolás Maduro, decidieron profundizar sus relaciones de amistad con las FARC sin reparar en las consecuencias. Hacia agosto de 1999, como consta, aquel autorizó un pacto con estas para que la violencia de su narco-guerrilla no se expandiese indiscriminadamente en territorio venezolano. A la sazón, le autorizó usar nuestro territorio como aliviadero o sitio de reposo. Dispuso de recursos energéticos e instrumentos financieros para beneficiarla, al punto de que el propio Presidente, desde la tribuna del parlamento, les otorgó reconocimiento internacional.
Desde entonces se susurra, sotto voce, sobre la existencia de cárteles y de soles en Venezuela. De tanto en tanto llegan las noticias desde África, México, Centroamérica o Europa, dando cuenta de aeronaves con matrícula nacional que trasladan droga hacia tales destinos. Por si fuese poco, otro militar, Coronel y antiguo magistrado de la Sala Penal, Aponte Aponte, confiesa hace dos años haber puesto en libertad a narcotraficantes por pedido del Palacio de Miraflores; y el narcotraficante al que lo vincularan y motivó su exilio, Walid Makled, antes de ser rescatado en Colombia por el Gobierno chavista para impedir su extradición hacia el Norte, dijo tener en su nómina a diputados, ministros, y generales.
Los homicidios por ajustes de cuentas, como era de esperarse, saltaron desde 4.500 en 1999 hasta más de 23.000 en 2013. Y nada ha pasado, hasta ahora, cuando la opinión internacional despierta de su letargo.
