En medio del conflicto existe un punto de coincidencia: este año escolar 2013-2014 hubo un daño en la formación de los niños, niñas y adolescentes que cursan estudios en los planteles estadales y que solo recibieron media jornada de actividades académicas.
Pero, también hubo un daño evidente al patrimonio económico y moral de los maestros que sufrieron un severo retraso en el pago de la homologación de sus salarios, un hecho que coincidió con el incremento desproporcionado de la inflación en el país.
La calidad de la educación se vio afectada con la disminución de la jornada escolar establecida por el Ministerio de Educación, la cual pasó cuatro o cinco horas diarias a dos o tres horas efectivas de clases. Sin embargo, los representantes de la coalición sindical del Magisterio Larense lograron demostrar ante los tribunales que cumplieron con los contenidos académicos mínimos establecidos en la mayoría de los planteles, con lo que se acordó reprogramar actividades en aquellas instituciones donde la situación lo ameritara.
El conflicto entre los sindicatos que integran la coalición y el patrono, que en este caso se trata de la Gobernación del estado Lara y la Dirección de Educación, data del año 2009 y se ha ido agudizando con el pasar de los años.
Por lo general, en los años escolares anteriores las acciones sindicales de Sinvemal, Sutelara, Sumalara y Fenatev, se desarrollaban entre los meses de noviembre y diciembre y en el mes de junio, en reclamo del pago oportuno de los aguinaldos y del bono vacacional. Pero, en esta ocasión la situación fue diferente y se desarrolló durante todo el período académico, y al cierre del ciclo muchos de los reclamos se mantienen latentes.
Con dos pliegos conflictivos en la Inspectoría del Trabajo, los trabajadores de la educación esperan el derecho a huelga, un permiso que podría afectar el buen desarrollo del próximo año escolar previsto para mediados de septiembre.
¿Quién tiene la razón?
Unos días antes del inicio del año escolar, en septiembre de 2013, el magisterio advirtió que los sueldos base de los maestros estaban por debajo del salario mínimo establecido por el ejecutivo nacional, por lo cual iniciaron el calendario escolar con una concentración frente a la Gobernación.
“En la actualidad tiene los sueldos base por debajo de salario mínimo y la coalición sindical tiene un año exigiendo a través de la Inspectoría del Trabajo el cumplimiento del parágrafo uno de la cláusula 7 de la VI Convención Colectiva y hasta la fecha el gobernador se ha burlado del magisterio manifestando que no tiene recursos para dicho ajuste, pero sabemos que le aumentó los salarios al personal de su confianza”, declaró en esa oportunidad Hilda Peña, secretaria general de Sinvemal y vocera de la coalición sindical.
La falta de respuesta los llevó a realizar más concentraciones y marchas, y el 24 de septiembre anunciaron que comenzarían a laborar media jornada, una medida asumida durante una asamblea y que se convirtió en bandera de lucha durante todo el año.
El 9 de octubre se desarrolló la primera reunión de la comisión mixta conformada por voceros del magisterio, de Fundaescolar y representantes de la gobernación, en el Consejo Legislativo del Estado Lara (CLEL), pero sin resultados satisfactorios.
En varias ocasiones, el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, explicó en ruedas de prensa que el ejecutivo local carecía de recursos para honrar los compromisos con el sector educativo y aseguró que la responsabilidad pertenece al gobierno nacional por no enviar los recursos necesarios al presupuesto regional. Pero, según los maestros Falcón tergiversó la realidad y nunca sostuvo una reunión con ellos.
Los señalamientos entre las partes se intensificaron y alcanzaron el punto máximo de confrontación sobre la cantidad de recursos asignados al ejecutivo regional y la cifra requerida para realizar el pago al magisterio, un tema sobre el que ambas partes aseguraron tener la razón, lo que ha impedido la conciliación. El CLEL, la Inspectoría del Trabajo, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se han visto involucrados en este conflicto sin lograr un resultado satisfactorio.
El tres de junio de 2014, el director de Educación, Mauro Ballesteros, anunció que por decisión del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los docentes estadales debían abandonar de inmediato las actividades de protesta y reprogramar los calendarios escolares en vista de las suspensiones consecutivas de clases.
Alegó que era necesario completar un 75% de los 210 días de clases establecidos en el calendario escolar, es decir 150 días mínimos y que para hacerlo faltarían 23 días que podrían ser completados con actividades los días sábados o en el mes de agosto. Dicha sentencia quedó sin efecto debido a la apelación y argumentación de la coalición sindical.
Tras meses de disputa, la homologación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2013 se hizo efectiva el 8 de julio de 2014. “Con ese pago se demostró que la razón estaba de nuestra parte, pero nos preguntamos ¿quién retribuye los daños causados por el gobernador al patrimonio de los educadores, pues no es lo mismo haber recibido ese pago en diciembre que en julio de este año?”, se preguntó Hilda Peña durante declaraciones a este rotativo.
Pese a ese logro, queda pendiente la homologación de los salarios de 2014, así como las reivindicaciones que reclama el magisterio para los docentes activos y jubilados, desde el año 2009. Mientras tanto, los estudiantes seguirán sumidos en esta crisis que perjudica su formación.
¿Cuáles son las perspectivas para el próximo período académico?
El Magisterio Larense espera:
1. Que el gobernador Henri Falcón asuma que la educación es prioridad y garantice con los recursos del presupuesto ordinario y que los recursos que lleguen por concepto de créditos adicionales sean destinados al pago de los pasivos laborales, se ajusten los sueldos del sistema de remuneración de los educadores activos, jubilados, pensionados y contratados.
2. Que se presenten ante la Inspectoría los criterios técnicos financieros, para iniciar la discusión del Proyecto de la VII Convención Colectiva, pendientes desde diciembre de 2013.
La mayor aspiración es que esa nueva contratación se firme este 2014 y que además se pueda incorporar al personal docente contratado de Fundaescolar a fin de que puedan recibir los mismos beneficios que por justicia le corresponden.
3. Que se destine una partida presupuestaria para jubilar a los docentes con el respectivo pago de sus prestaciones sociales.
4. Que se garanticen escuelas en óptimas condiciones, con recurso humano y dotación de material didáctico y de limpieza, a fin de garantizar una verdadera educación de calidad.
5. Que se cumpla con los compromisos contraídos en los contratos y convenciones colectivas.
