Miembros y máximos representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Eléctrica y sus afiliados en el estado Lara, han coincidido en responsabilizar a la administración regional y nacional de los problemas actuales que padece y arrastra la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec.
Así lo señalaron Mario Briceño, secretario general encargado de Sitiel; Alfredo Aular, delegado de seguridad; Jhonny Rojas, delegado del conglomerado obrero en la ciudad de Carora, municipio Torres; y Ulises Mujica, responsable del sindicato en el municipio Jiménez y Morán, del estado Lara, quienes hicieron públicas las deficiencias a las que están sometidos sus representados y el precario nivel de servicio que presta la empresa.
La organización laboral que agrupa a 2.200 afiliados en el estado Lara, explicó que no sólo se violentan derechos consagrados en una contratación colectiva vencida hace más de tres años, sino que la empresa no tiene cómo responder a las necesidades que exigen los usuarios ante las constantes fallas del sistema.
En primer lugar, con respecto a los derechos de los trabajadores, y a pesar que ha sido aprobado un nuevo tabulador que responde a la cláusula de la contratación colectiva, los representantes sindicales indicaron que la retroactividad del ajuste salarial se realizará desde mayo de este año, cuando el sueldo fue solapado por los anuncios presidenciales desde el 2011.
En este sentido, Briceño indicó que es necesaria la discusión de la contratación colectiva debido a que la cláusula que describe el servicio de HCM cubre 150 mil bolívares, pero coloca límites para patologías que están por debajo del total mencionado. Es así como, un accidente laboral pudiera tener un límite de 25 mil bolívares y, si la atención clínica sobrepasa esa cantidad, el excedente deberá ser costeado por el trabajador.
Aunado al incumplimiento con los trabajadores, la administración de Corpoelec no dota los almacenes de insumos necesarios para responder las contingencias del sistema. De esta manera, los trabajadores no tienen uniformes, no poseen botas de seguridad, no existe disponibilidad de camiones que permitan solventar un problema sin exponer al trabajador a un accidente, no hay guantes aislantes y, a pesar de durar un año con una junta interventora instalada con la promesa de solventar los problemas burocráticos que no permitían dar respuestas de estos inconvenientes, después que se levantó, “estamos peor. Mientras duró, nada se compró y nada se solventó”, explicó Briceño.
A juicio del representante de los trabajadores, la junta centralizadora que se le impuso a cada subcomisionado de la empresa en cada uno de los estados, “buscaba silenciar durante todo este tiempo a la clase obrera, para no poder expresar todo los derechos violentados”.
Debido a la falta de materiales con la que cuenta la empresa para solventar las contingencias del fluido eléctrico, el grupo de sindicalistas indicaron que muchos de los trabajadores han manifestado temor de asistir a las comunidades cuando se presenta un problema ya que no tienen cómo responder al contratiempo, “muchas veces, las comunidades molestas por los cortes de luz han mantenido retenido a los trabajadores hasta tanto no llegue otro personal que tenga el material para resolver el problema”.
Los declarantes indicaron que, dentro de las violaciones hechas a los trabajadores, está el incumplimiento de una cláusula que determina ‘la evaluación de rendimiento’, que se paga los los primeros cinco días de cada año. Si la empresa no realiza esta evaluación, está obligada a pagar el 8% del salario a cada trabajador. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, esta disposición no se ha cumplido.
De igual forma, la administración de la empresa pública fija límites de dinero devengado a los trabajadores así estos hayan cumplido con horarios extras o deberían recibir un total superior al fijado por concepto de utilidades. El excedente, pasa a una figura que el patrono ha llamado ‘diferidos’, que solo se paga cuando lo aprueba el Ministerio de Energía Eléctrica, “recién ahora dicen que están pagando los diferidos desde el 2011”, dijó Briceño.
Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que tienen los trabajadores sobre la condición de la empresa, son los niveles en cero de los almacenes. “Antes existían el inventario un mecanismo de máximo y mínimo,- explica Briceño- cuando estaba el mínimo sonaba una alarma para que se realizara el pedido y se iniciará el proceso de licitación”.
En la actualidad, dice el sindicalista, existen fallas en diversos repuestos como los corta corriente (conocidos como ‘tabacos’ que se ven en los postes), transformadores, cables, entre otros. “No hay voluntad por parte del presidente Jorge Hernández de solventar los problemas de la empresa”, sentenciaron, “esta es la peor administración de todas”.
Asesoría multimillonaria de Cuba
Dentro de la información recabada por el sindicato, buscando las causas del incumplimiento en los deberes laborales, los trabajadores hallaron el dinero que el Estado ha depositado a la Unión Eléctrica de Cuba, la similar antillana de Corpoelec.
Esta empresa, desde el 2011 y hasta la fecha, ha recibido un total de 22 millones 613 mil 336 dólares, por concepto de asesoría, rehabilitación, servicio de mantenimiento, obras civiles y electromecánica de las empresas afiliadas a Corpoelec.
Además de este dinero en moneda extranjera, la empresa cubana ha recibido, en el mismo lapso, un total de 2.935 millones 397 mil 845 bolívares, a razón de los mismos trabajos.
“No hay nada que ellos (asesores) hayan hecho, que nuestros trabajadores no puedan hacer”, dijo Alfredo Aular, delegado de seguridad del sindicato.
Nueva autoridad
En el día de ayer, fue destituido Jorge Hernández de la subcomisión de Corpoelec en Lara. En su lugar, fue nombrado Nelson Peña, quien ocupaba un cargo similar en el estado Yaracuy. Según Mario Briceño, la destitución de Hernández se debe a las protestas por parte de los trabajadores y los reclamos hechos por Sitiel.
De igual forma, Briceño señaló que, en nombre de los trabajadores, espera que la nueva autoridad administrativa regional “devuelva la tranquilidad laboral y revise los cargos nombrados por el encargado saliente”.
Falta de luz pública es responsabilidad de la empresa
Sobre la falta de alumbrado público que tienen varias zonas de las diferentes ciudades del estado, los sindicalistas indicaron que, a pesar que los bombillos pueden ser comprados por instituciones públicas como un esfuerzo mancomunado, es responsabilidad única de Corpoelec brindar el servicio de luz pública.
Los trabajadores indicaron que alrededor de 10.500 puntos de luz se encuentran sin bombillos en el estado Lara, situación que mantiene a oscuras parte de las principales avenidas de las capitales de cada municipio.
Expresaron la voluntad de hacer un esfuerzo entre los trabajadores de la empresa pública, alcaldías y Gobernación, para buscar una solución de este problema, ya que los almacenes de la estatal no cuenta con bombillos para suplir los que no funcionan. “Los bombillos que habían se usaron en las campañas políticas de los candidatos oficiales”.
