Este viernes, durante rueda de prensa, la Dirección de Catastro del municipio Iribarren detalló la condición de los terrenos en disputa, entre los invasores del sector Yacural y los residentes del complejo urbanístico La Pastoreña.
El ingeniero Víctor Perozo Quiroz, director de catastro de la Alcaldía de Iribarren, aclaró que durante la gestión del alcalde Alfredo Ramos, “la única actuación que ha tenido en el hecho es la expedición de dos cualidades jurídicas, señalando en la primera que los terrenos del sector El Yacural, Urbanización La Pastoreña, están dentro de la poligonal de los ejidos”.
Además, se estipuló que “dentro de la misma existe un lote de terrenos privados, por lo tanto es de señalar que un terreno que está dentro de la poligonal de los ejidos no convierte al mismo en un terreno ejido, pues de ser así todos los terrenos de Barquisimeto serían ejidos”.
De igual forma, indicó que “el estudio realizado por la Dirección de Catastro del municipio Iribarren, de los documentos de la urbanización La Pastoreña, nos da como conclusión que existe un lote que está amparado por un documento registrado bajo el Nº 188, de fecha 23 de junio de 1914, que ampara un área de 8 hectáreas”.
Se considera que dicho documento es legítimo y acredita propiedad, “por cumplir con la Ley de Resguardo Indígena del 8 de abril de 1904, en concordancia con la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, de fecha 4 de julio de 1912”.
De acuerdo a los análisis realizados, catastro concluyó que “los terrenos objetos de la ocupación se encuentran dentro de las 8 hectáreas amparadas por el título del año 1914, lo cual señala el carácter privado de los mismos”.
En paralelo, se informó que la Dirección de Catastro, en concordancia con la política señalada por el alcalde Alfredo Ramos, “rechaza las invasiones u ocupaciones de terrenos, sean estos privados o ejidos, así como también los hechos violentos que han dejado el lamentable saldo de dos personas muertas y varios heridos”.
En la actualidad, la Dirección de Catastro remitió informe a la Consultoría Jurídica y a la Sindicatura Municipal, con el fin de que ambas instituciones estudien el caso y se pronuncien. Por su parte, el síndico procurador municipal de Iribarren, Jesús Pérez, destacó que “las declaraciones del día de hoy son para aclarar una situación que han tratado de tildar como confusa. En el análisis que hemos efectuado todo está muy sencillo, pero hay que usar las palabras correctas”, agregó.
“Desde hace muchos años en Venezuela no había regularización de la tenencia de la tierra. Fue en 1904, a través de la Ley de Resguardo Indígena, que se hizo un llamado público a la gente para que fuera a los registros y registraran sus documentos de propiedad”.
