Los sucesos registrados el pasado miércoles en la urbanización La Pastoreña, en Yacural, municipio Santa Rosa, deben llamar a una reflexión profunda, sincera y efectiva. Alguna lección deben sacar de ese repudiable hecho los organismos oficiales que, de una u otra forma, tienen responsabilidad en este tipo de situaciones. También los partidos políticos.
No se trata de un caso aislado, ni puede sorprender a nadie cuanto allí ha ocurrido. Las dos muertes que dejaron como saldo los violentos enfrentamientos entre ocupantes e invasores en La Pastoreña, son consecuencia directa de una política fomentada desde el propio aparato del Estado, con fines demagógicos, populistas, perversos. Otra de sus principales aristas es la ausencia de planes audaces de viviendas, la desaparición en el mercado de los materiales de construcción, y la forma como se acabó con la figura del alquiler, que en tantos países ha representado una solución para las nuevas parejas. De ahí la crispante presión actual. El resultado no podía ser otro que el de la fricción, la tirantez, la anarquía. Las derivaciones mafiosas, delictivas. La disolución del orden, de los términos que fija la ley, en suma: la inseguridad jurídica, el irrespeto a la propiedad, el acto de malograr el esfuerzo de años por parte de quienes tras el sueño de poseer un techo digno, se adentran en los largos y engorrosos caminos formales.
Al país se le dijo que la tierra es de quien la necesita, ni siquiera de quien la trabaja, como proclamara Emiliano Zapata. Se autorizó y celebró el despojo de fincas y fábricas. De pronto, robar había dejado de ser socialmente repudiable. Los valores del trabajo y la disciplina se resintieron. Lo malo era ser rico, es decir, poseer. Triunfar en la vida pasó a ser algo reprochable, sospechoso. Y si alguien tenía un bien que a otro le faltaba, en lugar de tratar que el último alcanzara su meta, y ascendiera, lo ideal, en ese reino del absurdo, era que al primero se le estigmatizara y arrebatara. Igualdad hacia abajo, a eso se reducía la ecuación.
En medio de atmósfera tan enrarecida, desconcertante, desde Miraflores se ofreció “popularizar a Barquisimeto”. Fue el detonante de la aparición en la ciudad del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, o grupo FRÍO, aupado desde el poder unas veces, desconocido otras, según el oportunista giro de las circunstancias.
Con sus aparentes intermitencias el fenómeno se ha propagado, sin que las autoridades se muestren decididas a encararlo, lo cual habla de impunidad. En mayo de 2013 se contabilizaban 195 invasiones sólo en la capital larense. Inmuebles en el centro, desarrollos urbanísticos en ejecución (retardados en muchos casos por los permisos), las torres de El Sisal, el cono de seguridad del aeropuerto, el área donde se proyecta construir un estadio de fútbol, hacia el norte; el terreno destinado a levantar un hotel, en la carrera 31 con 17; las adyacencias del Parque del Oeste, la Zona Industrial II, nada ha escapado a la voracidad invasora. Quíbor y Cabudare también saben de esto. Tres de los escenarios de conflictos por este motivo, en Palavecino, han sido las urbanizaciones Loma Linda, Los Samanes y Terrazas de La Ribereña. Y, más recientemente, ahí están los problemas surgidos en Plaza Jardín, en La Piedad Norte, donde fueron abiertos boquetes en la pared perimetral y los residentes denuncian un asedio constante, con lluvia de piedras y botellas, improperios y daños a viviendas y vehículos.
Pero tuvo que ser derramada sangre en La Pastoreña, para que se instalara una “mesa de trabajo”. El alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, aseguró que el día de la tragedia, desde temprano, ese urbanismo era “custodiado” por efectivos de la Guardia Nacional. En otros casos, luego de fuertes escarceos, desde la Fiscalía han librado órdenes de desalojo, que no fueron acatadas. Muchos meses después, en La Pastoreña persiste la controversia sobre si se trata de ejidos o tierras privadas y se pone en duda la legitimidad de las cédulas catastrales otorgadas por la anterior administración municipal.
Hay desidia, indolencia y simulación en todo esto. La actuación ha sido irresponsable y la masa no está como para que los diferentes organismos involucrados sigan tirándose la pelota. Por tanto, excitamos a que se instale, cuanto antes, un órgano multidisciplinario que, con la participación del Ministerio Público, la gobernación, alcaldías, Concejos Municipales, Defensoría del Pueblo, GNB, y además el concurso de gremios claves como el de ingenieros y abogados, ataque el problema en todos sus flancos, de manera integral. Es un problema de Estado y así debe ser entendido.
Con evasión de responsabilidades y represión ocasional no se llegará a ningún lado que no sea la prolongación de un conflicto que no tiene razón de ser, mantiene en vilo a comunidades enteras, y, encima, ya ha cobrado vidas.
La desgracia de La Pastoreña no debe repetirse.
