La urbanización La Pastoreña y sus alrededores en Yacural permanecerán bajo vigilancia policial para evitar hechos de violencia como los ocurridos esta semana ante una solicitud de la Defensora del Pueblo, Elba Iris Rodil.
Lo anunció al culminar una reunión celebrada en la sede del organismo con su participación, la del presidente del Concejo Municipal, Alejandro Natera, y representantes de los dos sectores en conflicto, propietarios de apartamentos y ocupantes del terreno en disputa.
La reunión se prolongó por unas dos horas y el acuerdo más importante al que se llegó fue el de evitar la violencia mientras se adelanta la investigación sobre la propiedad del terreno. El edil-presidente aclaró que no estaba a favor de ninguna de las partes sino que es necesario esperar el resultado de las averiguaciones iniciadas “y quien tenga responsabilidad en alguna irregularidad con esos terrenos, sea de esta o de la anterior administración, que la asuma”.
Afirmó que no van a permitir más enfrentamientos entre vecinos de Yacural y La Pastoreña.
“No tenemos nada qué esconder como concejales y no vamos a apoyar ninguna sirvengüenzura de un director o directora”, expresó.
Atribuyó lo ocurrido a la actuación irregular de algunos directores de catastro en el otorgamiento de la cédula catastral para la construcción de las torres de La Pastoreña, y citó al actual, Víctor Perozo, e igualmente pidió investigar las dos muertes ocurridas el miércoles.
Protección policial permanente
La defensora del Pueblo, Elba Iris Rodil, por su parte, también lamentó lo ocurrido.
Dijo que la de ayer fue la primera mesa de trabajo en la que se ratificó el compromiso de evitar la violencia, permitir el libre acceso a la urbanización y reunirse de nuevo el próximo miércoles. Expresó su confianza en que la calma irá retornando al sector conforme vayan revisándose los documentos que cada parte posee.
“Hay que ir desenmarañando todo lo que tiene que ver con la propiedad del terreno y luego hacer la recomendación respectiva”, afirmó.
Enfatizó que si con la documentación revisada se determina que los terrenos son ejidos, corresponderá al municipio decidir, pero si es privado tocará a otros órganos proceder en el tema del desalojo.
Cree que alguna institución del Estado debió haberse pronunciado oportunamente con lo que se habría evitado el fallecimiento de esas dos personas. Dijo haber hablado con el director de la Policía de Lara, Luis Rodríguez, para que se tomen medidas destinadas a impedir que alguna de las partes acceda al terreno y pidió celeridad en el proceso investigativo.
Documentos de propiedad
La abogada Milagros Arellano, habitante y asesora jurídica de la urbanizadora Martinica, también declaró luego de la reunión.
Dijo haber presentado una carpeta con documentos legales avalados por la Alcaldía y Catastro, para comprobar la legalidad del terreno.
Reiteró que se ha puesto en riesgo la seguridad y hasta las vidas de los residentes, pero confía en solucionar los problemas para vivir todos en paz.
Denunció que el 28 de junio pasado el Tribunal de Control número 9 dirigió al CORE 4 una orden de desalojo que no se hizo efectiva y ahora se lamenta la pérdida de dos vidas. Los ocupantes del terreno no quisieron declarar.
