La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe con estándares regionales que deben mantener los gobiernos democráticos para combatir la violencia contra periodistas.
La relatora para la Libertad de Expresión del órgano de la OEA, Catalina Botero, señaló que es obligación de los Estados adoptar medidas oficiales para prevenir los ataques de los que son víctimas periodistas, protegerlos y erradicar los factores de impunidad en la penalización de las violaciones.
«La relación entre los periodistas y el poder no es pacífica, es normal que sea una relación de tensión, pero los funcionarios públicos tienen que saber que es su obligación garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo, porque es el control que ellos ejercen lo que hace que la democracia no se disuelva», sentenció Botero.
Las declaraciones de la relatora, cuya visita oficial a Venezuela se encuentra vetada desde 2002, fueron dadas en el marco de un acto virtual en el que representantes de países de la región, incluyendo éste, realizaron un foro vía teleconferencia. En Venezuela, el evento estuvo coordinado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que aportó como muestra del caso venezolano el testimonio del presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía; el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, y la investigadora del IPYS, Marianela Balbi.
Deberes y obligaciones
De acuerdo con Botero, el primer deber de los Estados sujetos a la Convención Americana es prevenir la violencia contra comunicadores sociales, y esto comienza con «sostener un discurso público que deslegitime los ataques contra los periodistas».
En segundo lugar, se deben establecer y hacer cumplir protocolos de actuación de funcionarios públicos frente a los trabajadores de la prensa, «para que los respeten».
El tercer paso es brindar protección a los periodistas.
«Los mecanismos de protección deben ser sensibles a las necesidades de los periodistas», recalcó.
En Venezuela
De acuerdo con las estadísticas del SNTP, en el período de conflictividad social que se inició en febrero de 2014 se han producido hasta la fecha 231 agresiones contra 165 trabajadores de la prensa, 38 de ellos corresponsales internacionales.
99 de los casos fueron hostigamiento, «amenazas con ser desaparecidos»; 55 agresiones físicas y 43 robos de equipos, precisó Marcos Ruiz.
«Hay una conducta sistemática y es que se persigue el material gráfico de quienes hacen la cobertura, de manera que no quede elemento alguno que pueda dar con los responsables de quienes cometen violaciones a los derechos humanos», alertó.
En la lista también cuentan 33 detenciones, «con trabajadores sometidos a persecución judicial y presentados en audiencias».
Dijo que «los periodistas son citados en calidad de testigos en medio de investigaciones en las que son coaccionados para que revelen sus fuentes».
Para dibujar con más precisión la naturaleza de esta situación, «más de 65% de las agresiones tienen como victimarios a efectivos de seguridad ciudadana, en particular de la Guardia Nacional», agregó Ruiz.
