El Ministerio de Asuntos Penitenciarios en su búsqueda de tomar el control de las cárceles, comenzó a realizar requisas para contemplar el desarme dentro de las penales. Las mismas fueron negociadas con los propios pranes de cada recinto, como fue el caso de Uribana, donde estaba contemplado realizar la requisa, sacar las armas y hacer un conteo para saber realmente cuántos internos estaban en el lugar, pues desde el año 2000 se había perdido el control en muchos centros penitenciarios, a tal punto que no sabían quiénes estaban adentro e incluso los custodios encargados de la seguridad interna no podían atravesar las puertas.
Estas operaciones del ministerio tuvieron resultados lamentables en varios recintos como fue en El Rodeo, La Planta, Uribana y Sabaneta. La situación se salió de control y hubo pérdidas humanas, terminando con el desalojo total de los privados de libertad.
Carlos Nieto, coordinador general de la organización no gubernamental Una Venta a la Libertad, explica que la decisión de llevar a los reclusos de un lado a otro, sin ninguna organización, no representó un cambio sino un colapso y se creó un gran desastre en el sistema penitenciario pues no se atacaron los problemas estructurales.
“Lo que han hecho es apartar al recluso de su familia, un eslabón fundamental en la reinserción a la sociedad. Crearon un hacinamiento de un 231% cuando los especialistas indican que cuando existe un 30% el problema es grave. Además, se han tenido que adaptar a nuevas normas, al pago de causas, se ha incrementado el gasto del familiar y el desconocer las normas de otro centro penitenciario a muchos les ha costado la vida”, destacó Nieto.
El defensor de los Derechos Humanos teme que dicha situación genere más adelante un alzamiento general de todos los privados de libertad en el país.
“Tribunales arrodillados ante Ministerio”
“El poder judicial está siendo sumiso, un juez nunca debe arrodillarse y lo está haciendo ante el Ministerio de Asuntos Penitenciarios quien ordena no ingresar a los internos a las cárceles. Las respuestas de los jueces en los tribunales cuando se le pregunta porqué envían tan lejos a un privado de libertad es que la ministra Iris Varela dio la orden”, indica Pedro Troconis.
Actualmente existen seis tribunales de control, los cuales deben dar apertura a 10 juicios diarios y 60 mensual y solo abren 6 al mes indicando que están saturados de trabajo, lo que conlleva a que exista un 99% de retardo procesal.
A dicha situación se suma la ubicación del procesado, que son los privados a quienes no se le ha dictado una sentencia firme hacia otro penal. Estos casos son muy graves, porque el detenido es vulnerado constantemente en sus derechos, asegura Troconis, quien destacó la importancia de que el reo se encuentre donde está su causa.
Al estar en otro estado, al privado no le llegan las boletas de traslado pues la oficina de alguacilaje no lo hace. Algunos penales tienen oficinas para recibir las boletas, en estos casos el mismo abogado debe sacarlas y enviarlas con un familiar del interno. Por otra parte, también se presenta la eventualidad que no hay carros para trasladarlos a los tribunales, todo esto genera un gran retardo en el proceso del preso.
Estas situaciones no son ocasionales, son realidades que se presentan constantemente y a diario, en donde un procesado puede pasar más de tres años tan solo esperando porque se aperture un juicio.
De igual forma, el abogado penalista indica que el retardo que existe entre las personas que están siendo juzgadas en libertad es aún peor, porque en los tribunales se excusan al indicar que la prioridad es para quien está privado de su libertad, dicha situación no está contemplada en la ley. Para Troconis la situación viene de un solo problema y es el personal que labora tanto en el Ministerio como en tribunales pues no tienen la más mínima intención de cumplir con su trabajo, siguiendo lineamientos sin dejar ser independiente a los jueces. “Simplemente no hay ganas de solucionar el problema”, culminó Troconis.
Cabe destacar que muchos privados de libertad han logrado regresar a su penal de origen, gracias a que su familia o sus defensores han buscado ayuda frente a las autoridades, de igual modo han luchado porque sean sacados a sus audiencias. Sin embargo, existe un gran número de privados de libertad que aún se encuentran fuera de la región esperando por un traslado.
