Luego de 4 días de intensas jornadas de debate y reflexión, los obispos y arzobispos del país, concluyeron la centésima segunda asamblea ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana.
El encargado de leer la exhortación final fue el Arzobispo de Calabozo, monseñor Manuel Felipe Díaz, quien explicó que los prelados de la iglesia católica cuando fijan posición sobre temas diversos que atañen al acontecer nacional, lo hacen como exigencia ética y moral de justicia, equidad y paz.
«Quienes nos acusan de actuar como actores políticos lo que hacen es desvirtuar el derecho que nos compete como ciudadanos y pastores a cumplir nuestro deber: defender y promover la dignidad del ser humano así como el bien común», sentenció.
Con respecto a la actual coyuntura que vive el país, indicaron que los venezolanos se merecen una mejor calidad de vida y por eso exhortaron al gobierno nacional, para que gire el rumbo.
«Son ya conocidas las difíciles circunstancias que afectan a la población en general: la violencia, inseguridad y criminalidad crecientes, el drama del desabastecimiento, el alza constante del costo de la vida, unida a las sucesivas devaluaciones de la moneda, la aplicación de controles excesivos a la actividad productiva. El pueblo se ve sometido a largas colas para obtener el mínimo sustento necesario, o a padecer las fallas de los servicios públicos fundamentales, como el agua y la luz eléctrica. Todo esto afecta al desenvolvimiento y tranquilidad de muchas familias. Quienes tienen en sus manos la solución de los problemas del pueblo parecen dar preferencia a otros intereses. Los pobres y en general los que sufren vienen a ser así simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr otros fines», expresó.
Panorama político
Nuevamente criticaron que el gobierno quiera imponer un proyecto político totalitario, enmarcado en el Plan de La Patria, heredado del presidente fallecido Hugo Chávez.
«Agrava esta situación el panorama político actual: la pretensión de imponer un modelo político totalitario y un sistema educativo fuertemente ideologizado y centralizado, que amenaza su propia viabilidad y calidad; la criminalización de las protestas y la politización del poder judicial, que se manifiesta, entre otras cosas, en la existencia de presos políticos y en la situación de tantos jóvenes privados de libertad por haber participado en manifestaciones», precisan.
Opinan además que los partidos políticos experimentan divisiones internas por apetencias e intereses particulares, tanto de un lado como del otro.
«Mientras tanto, se siguen arrastrando situaciones problemáticas graves, como la corrupción en todas las esferas del Estado e incluso de la sociedad, la pérdida de control por parte del Estado de las instituciones penitenciarias, el generalizado militarismo y una desproporcionada represión de cualquier disidencia. Una vez más solicitamos la libertad de los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para quienes han emigrado por razones políticas», sostuvieron los prelados.
Apuntan que la situación social antes mencionada viene a constituir «una atmósfera social asfixiante» que empuja a algunos a abandonar el país y a muchos les hace perder la esperanza de lograr un cambio real de las condiciones socio-políticas y a otros, en fin, los lleva a asumir actitudes violentas.
«La Constitución consagra el derecho a la libertad de pensamiento, y por tanto a la disidencia y a la legítima protesta. En estas circunstancias se hace sumamente actual el llamado que el Santo Padre hace en su Exhortación a poner en primer lugar a la gente, con sus problemas reales, y a privilegiar a los pobres como sujetos sociales, actores de su desarrollo y superación», indicó monseñor Díaz.
Finalmente la Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que no será posible encontrar soluciones satisfactorias a los problemas que aquejan a la gente, ni se dará una verdadera reconciliación en nuestra sociedad, «si no nos escuchamos, si se reprime sin investigar las causas por las que surgen las protestas. No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los derechos humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones no compartidas y más bien rechazadas y denunciadas».
