Organizaciones de derechos humanos del continente han manifestado interés por la «privación ilegítima de libertad» del empresario yaracuyano y excandidato a alcalde, Kamel Salame, al cumplir seis años preso sin haber sido juzgado.
Así lo señaló el abogado penalista Enzo Mencías, quien además de representar a Salame en el país, también es miembro de la Federación Interamericana de Abogados y de la Inter American Bar Association, con sede en Washington.
«A nosotros como organización nos llama la atención que el señor Kamel Salame tiene más de seis años detenido sin previo juicio. Tratamos de ahondar cuáles son las causas de esta privación ilegítima de libertad», manifestó a EL IMPULSO.
El inicio del proceso oral y público que determinaría si merece o no la prisión que cumple de facto, ha sido diferido más de 60 veces por causas que la defensa atribuye al Ministerio Público, al juez y a la larga distancia entre el tribunal, en el Circuito Judicial del estado Aragua, y el centro de reclusión, el Internado Judicial de Barinas.
La demora contraría notablemente los derechos a la libertad personal y al debido proceso consagrados en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, que establece un lapso máximo de dos años para que un ciudadano permanezca privado de libertad sin un juicio.
De acuerdo con Mancías, a estas circunstancias se suma la violación del derecho a la salud de Salame, pues debido a la reclusión no puede recibir un tratamiento adecuado a su estado.
«Posee más de diez patologías que se agravan cada vez más por las condiciones de su centro de reclusión, entre ellas hipertensión arterial, nueve hernias discales, hernias cervicales, problemas en los menisco de las rodillas», indicó el abogado.
El especialista en DDHH también denunció que el proceso penal que se sigue al «preso político» está basado en pruebas infundadas e ilegales.
Con el objeto de revertir la situación del comerciante, Mencías consignó un informe ante el Tribunal Supremo de Justicia que servirá como complemento de un recurso de amparo interpuesto previamente por la defensa.
Así mismo, con las denuncias expuestas tocó las puertas de la Defensoría del Pueblo y de la Conferencia Episcopal Venezolana, para solicitar una intermediación que conduzca a la restitución de los derechos vulnerados.
