El 5 de junio pasado quedó sellado el destino de los estudiantes Marco Aurelio Coello y Cristian Holdack, cuando el Tribunal 28° de Control de Caracas dictaminó que serían juzgados en prisión por los delitos de incendio, agavillamiento, daños e instigación para delinquir.
Ambos permanecen privados de libertad desde el 12 de febrero, cuando, tras protestar por la liberación de otros estudiantes en Táchira y Nueva Esparta, fueron aprehendidos y presentados como presuntos responsables de los destrozos ocasionados a la sede del Ministerio Público y a patrullas del Cicpc. Durante la audiencia preliminar, la jueza Adriana López aceptó la acusación del Ministerio Público, que los señala como supuestos accionantes de la «instigación» del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López.
«Los delitos de los cuales están acusando a estos jóvenes a quienes quieren involucrar en la causa de Leopoldo López, no corresponden con el acta policial levantada el día de los hechos y la audiencia de presentación», expresó la directora de la ONG Fundeci, Elenis Rodríguez.
La abogada representa a Demian Martín y Ángel González, estudiantes también juzgados por el mismo caso pero en libertad. Está segura que en este proceso penal la justicia no ha sido imparcial.
«Me parece injusto. Nosotros (Fundeci) llevamos adelante la acusación o querella contra quien le quitó la vida a Bassil Da Costa, y hemos visto cómo el tratamiento dado por el Ministerio Público y el Poder Judicial ha sido muy distinto en ambos procesos. Mientras en las audiencias de los estudiantes presos por el 12-F todas las esquinas del Palacio de Justicia estuvieron cerradas herméticamente por la Guardia Nacional y Policía Nacional, cuando se efectuó la audiencia para presentar a ocho funcionarios policiales involucrados en el asesinato de Da Costa la gente transitaba normalmente por los tribunales como si nada», señalo Rodríguez.
La directora de la ONG considera que el principio de igualdad ante la ley se violó no solamente por estas circunstancias, sino por el propio tratamiento judicial. «¿Por qué siete funcionarios policiales van a juicio en libertad, como son los procesados por el asesinato de Da Costa y el GN acusado por matar a Geraldine Moreno, pero Marco, Cristian y Leopoldo López están presos? “La justicia cada día está más comprometida, en contra de la ciudadanía y a favor de los afectos al Gobierno, quienes gozan de total impunidad», manifestó.
El próximo 23 de julio comenzará el proceso oral y público de López y los estudiantes.
109 en prisión por protestar
Según las cuentas que lleva la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), actualmente hay alrededor de 109 detenidos en todo el país por protestar.
En la ciudad capital, permanecen presos Coello y Holdack por los hechos de esa jornada, pero además hay otros tres detenidos a raíz del desmontaje del Campamento de la libertad, instalado por un grupo de jóvenes en la Plaza Alfredo Sadel.
«Manuel Alejandro Cotiz, estudiante del último año de bachillerato, vino de Falcón a dar solidaridad a los estudiantes y fue detenido en la Plaza Alfredo Sadel, junto con Sairam Rivas Cristian Gil, también estudiante de bachillerato», expresó Jackelin Sandoval, directora de Fundepro y defensora privada del primer joven.
Se encuentran a la espera de la audiencia preliminar fijada para el 27 de julio, cuando ya el Ministerio Público los acusó formalmente por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y uso de menores en la comisión de delitos.
Procedentes de la Sadel otras 46 personas se encuentran sujetas a medidas cautelares. Además, producto del desmantelamiento del campamento instalado frente a la sede del PNUD, permanecen detenidos otros 9 jóvenes quienes esperan la preliminar el 28 de julio, indicó la abogada.
Igualmente, Jeremías Silva permanece detenido desde el 29 de mayo cuando protestaba en la urbanización Santa Fe.
