Los habitantes de la urbanización La Pastoreña, en el este de Barquisimeto, luego de sufrir la invasión de terreno por parte de vecinos de Yacural, siguen a la espera de la orden de desalojo que tramitan en el Tribunal de Control número 8, a cargo de la doctora Luisabeth Mendoza.
Ayer, la decisión del Tribunal -de acuerdo a los vecinos- saldría finalmente, solo que para el cierre de esta edición todavía no se concretaba. Ahora bien, la preocupación de los residentes es la misma: los invasores permanecen en el terreno donde está prevista la continuación de La Pastoreña, un conjunto residencial para viviendas unifamiliares.
Milagros Arellana, vecina, declaró que tanto la Policía de Lara como la Guardia Nacional Bolivariana, retiraron a sus funcionarios de la urbanización, razón por la cual se sienten indefensos frente a los ocupantes de dicho terreno. “Necesitamos el apoyo de las autoridades; el gobernador, Henri Falcón, ni siquiera se ha pronunciado”, expresó.
Recordó que cuentan con todos los permisos previstos para dar continuidad al urbanismo y, justo cuando se preparaban para iniciar la construcción, se llevó a cabo la toma de la extensión de tierra de propiedad privada.
Asimismo, Arellana aseguró haber conversado personalmente con el ingeniero Vladimir Silva, representante en Lara del Ministerio de Vivienda y Hábitat, “y negó que la Misión Vivienda vaya a desarrollar alguna solución habitacional en nuestro terreno; el Gobierno no apoya a las invasiones porque es un delito”.
“Desde la escuela, tiraban piedras a los apartamentos”
La vecina de La Pastoreña, Milagros Arellana, declaró que un grupo de residentes solicitó la destitución del personal directivo de la Unidad Educativa Yacural, ubicada en la zona, “porque desde allí tiraban piedras a los apartamentos”.
Al parecer, docentes y obreros de la casa de estudios están en los colectivos que invadieron el terreno de la urbanización privada; “toda la ciudad ha sido testigo de la manera violenta que se han comportado los invasores con nosotros.
¿Cómo el personal de una institución educativa va a tener un comportamiento violento?”, expresó la residente. En este sentido, solicita a las autoridades de la Zona Educativa, una sanción “justa” para quienes estarían detrás de las agresiones en contra del conjunto residencial.