El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, rechazó el sábado que el gobierno tenga responsabilidad en el cierre de la edición impresa de un diario crítico con el Ejecutivo y señaló que el rotativo tenía problemas económicos.
El periódico Hoy, fundado hace 32 años y considerado de oposición por el gobierno, anunció el pasado domingo que dejaría de circular de forma impresa y en adelante solo lo hará a través de su edición electrónica.
Hoy justificó su decisión aludiendo a «la gradual pérdida de las libertades y limitación de las garantías constitucionales que sufre el Ecuador, la autocensura que impone la vigencia de la Ley de Comunicación, los ataques reiterados directos e indirectos a la prensa que no controla el Gobierno».
«Lo siento, pero no es culpa de la Ley de Comunicación, no es culpa del gobierno», dijo Glas durante el informe semanal de labores del Ejecutivo, desde la andina localidad de Cayambe (norte).
El vicepresidente señaló que el rotativo tenía problemas económicos y que no había pagado la afiliación de sus empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En un video presentado por Glas se informó que en 2007 el periódico adeudaba 115.000 dólares al IESS. En 2013 el monto había llegado a los 554.000 dólares y en lo que va de 2014 Hoy debe al seguro social 30.973 dólares.
«En el 2007 no había Ley de Comunicación y ya tenían problemas económicos. Qué culpa tiene el gobierno de que la ciudadanía no comprara su periódico y si los auspiciantes privados no le auspiciaban», recalcó el vicepresidente.
La ley, que entró en vigencia hace un año, fue impulsada mediante consulta popular por el presidente Rafael Correa y también prevé una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.
El lunes, Correa en su cuenta de Twitter aseguró que el periódico «viene acumulando pérdidas desde hace años por una pésima administración».
Ese mismo día, el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien preside el órgano de regulación de medios, expresó que Hoy tenía problemas económicos, administrativos, tributarios e «incluso con sus propios trabajadores, que suspendieron en varias ocasiones momentáneamente sus labores en demanda de sueldos atrasados».
Bajo la Ley de Comunicación, un diario sensacionalista y un caricaturista han sido obligados a rectificar contenidos, lo que le ha valido duras críticas al gobierno por parte de gremios periodísticos y organizaciones que defienden la libertad de prensa.
